La crisis sanitaria que afecta al mundo ha dejado al descubierto la falta de políticas públicas que resguarden el trabajo, la seguridad económica y la salud de las y los trabajadores. El confinamiento ha traído múltiples complicaciones para muchos trabajadores y trabajadoras que han tenido que hacer de sus casas su lugar de trabajo, y esta es la primera complicación. En Chile la vivienda no es un derecho, y no todos y todas tenemos acceso a una vivienda, con los metros necesarios para vivir dignamente, y en ese sentido, es impensable creer que contamos con un espacio para trabajar en nuestras casas, que esté aislado del espacio donde juegan nuestros niños y niñas, de donde almuerza la familia o transcurre sencillamente la rutina familiar. A esto se le suma la responsabilidad familiar, el cuidado de los hijos e hijas y los quehaceres del hogar, funciones que en su mayoría recaen en las mujeres, generando multiplicidad de roles y un recargo de trabajo considerable para las trabajadoras, esta situación ha repercutido, incrementando los niveles de estrés dentro de los hogares y los datos hablan de una relación desigual entre hombres y mujeres frente a las tareas del hogar y de cuidado.
La pandemia del coronavirus aceleró la implementación del teletrabajo que se venía discutiendo e implementando parcialmente desde el año 2010, este ya había causado despidos en los sectores donde se comenzó a instaurar procesos de automatización. Con la pandemia, este proceso se impuso sin mayor discusión ni preparación, y fueron un gran favor al empresariado, las leyes y dictámenes de la Dirección del Trabajo que asumieron como de “mutuo acuerdo”, entre el trabajador y el empleador las decisiones de este último. Lo que ha sucedido en realidad es la imposición de las condiciones del empleador por sobre el trabajador, dejando a este en un escenario en que está obligado a aceptar las condiciones impuestas: cambios unilaterales en los contratos de trabajo, descuentos por no contar con los requerimientos técnicos para desempeñar su trabajo (si se cae el sistema, tanto de las empresas como del internet, y el trabajador no puede producir en esos tiempos es descontado de los trabajadores y no asumido por la empresa), descuentos en la asignación de colación y locomoción, reducción de los sueldos por la disminución en el componente variables. En este escenario todo se agrava, dado que en Chile no existe un ingreso mínimo garantizado que esté sobre la línea de la pobreza lo que ha llevado a los trabajadores a tener que sobrevivir con sueldos de miseria, sufriendo un grave deterioro en el plano económico y personal.
Por otro lado y aun cuando la ley es clara en señalar que es el empleador el que tiene la obligación de proporcionar los elementos para implementar el teletrabajo, tanto para la operación como para el mantenimiento de estos implementos, y no puede ser obligado el trabajador o trabajadora a utilizar elementos de su propiedad para el desempeño del trabajo, la implementación forzada y apurada de este sistema han dicho otra cosa, y el gobierno le otorgó por ley al empleador un plazo de tres meses para cumplir los requerimiento, lo cual ha llevado a muchos trabajadores y trabajadoras a la obligación de aportar los insumos necesario para ejercer su labor, incurriendo en gastos de equipos y asumiendo costos adicionales, por ejemplo, en la contratación de internet, de lo contrario, era perder su ingreso mensual, quedarse sin trabajo.
Por estos días ya son varias las organizaciones sindicales que denuncian abusos por implementación de Ley de Teletrabajo en pandemia, entre ellas los trabajadores de los call-center, quienes han sido uno de los sectores más afectados por la ley promulgada en marzo.
La implementación de este sistema de trabajo se esta realizando de manera muy antojadiza, y finalmente está dejando mucha incertidumbre a los trabajadores y trabajadoras que son los que finalmente se están llevando el peso y el costo de implementar estos sistemas, otro aspecto necesario de mejorar es la preocupación por la salud de las y los trabajadores, quienes se han visto sometidos y sometidas a un fuerte estrés que viven en solitario ante las nuevas condiciones de trabajo y su conjugación con otras labores.
En este momento es clave el accionar de organismos tanto internos como externos de fiscalización: “Las organizaciones relacionados, las mutualidades y los organismos fiscalizadores también tienen, en este sentido, que superar el trabajo preventivo de asesoría y de apoyo a las empresas solamente en los lugares de trabajo”.
Por otra parte, todos los organismos internos, prevención de riesgos, comité paritario, sindicatos, que tienen obligaciones y atribuciones en la prevención de accidentes y las enfermedades laborales también deben desarrollar un trabajo más efectivo y dirigido a los lugares donde hoy se está desarrollando el trabajo.
En resumen el principal problema es la legislación laboral y las deficientes reformas a que ha sido sometida, la que siguen perjudicando notoriamente a los trabajadores.
Hasta el momento, la ley de teletrabajo no da más oportunidades ni más libertad a las personas como se prometió, solo empeora y precariza las condiciones de trabajo.