de Javier Márquez Gómez
El 24 de marzo salió en algunos medios de comunicación una nota sobre el reparto de utilidades a los accionistas y lo sorprendente es que el Banco Itaú se adelantó a todos y aprobó el reparto del 100% de las ganancias del periodo anterior, lo que equivale a $127.065 millones.
Posteriormente el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero sugirieron a las entidades financieras ser prudentes con este tema a raíz de la crisis sanitaria y económica en curso.
La banca ha sido cuestionada por la ciudadanía al ser beneficiada por los
programas del Banco Central (FCIC y LCL) y a partir de este mes del FCIC 2, que
en total significan US$40.000 millones a disposición de las entidades
financieras. Esto contrasta con las ayudas ofrecidas a la población que
principalmente son créditos, es decir, deudas.
A pesar de que el tema del reparto de utilidades es algo normal y está dentro
del marco legal, en esta época de pandemia se ve como algo poco ético,
especialmente desde el punto de vista de los trabajadores que se han debido
someter a ajustes, negociaciones bajo presión o postergación de estas.
Mucha gente fue despedida previo a la pandemia a raíz de la implementación tecnológica y ahora con la crisis económica y sanitaria existe mucho temor al respecto. El Banco Itaú, en el intertanto, declaró que “en esta crisis es la primera vez en que la banca no es parte del problema, es parte de la solución” lo que también generó críticas.
La guinda de la torta se produce ahora cuando el banco declara una pérdida
contable cercana a los US$1.000 millones lo que nuevamente lleva a reforzar y
cuestionar el reparto de utilidades. Los accionistas no son tocados, pero la
crisis la pagan los trabajadores en general y en este caso particular, aunque
las autoridades del Banco Itaú aseguran que la operación y liquidez del banco
no está en riesgo, los trabajadores inevitablemente sumarán otro temor, perder
la fuente de trabajo.
