Por Luis Mesina
En 65 días más nuestro país, por vez primera en su historia deberá decidir si opta por elaborar una nueva Constitución Política o prefiere seguir gobernado bajo los fundamentos que inspiraron y rigen la actual Constitución pinochetista hace cuarenta años.
Es relevante preguntarse el porqué resulta importante cambiar la actual constitución. Si respondemos desde el mundo del trabajo, resulta evidente, ya que gran parte del andamiaje que rige las relaciones laborales actuales es heredada de la dictadura. Vale la pena recordar, en 1979 se promulgaron, siendo ministro del trabajo José Piñera Echeñique, los decretos leyes 2.200, 2.756 y 2.758 que conformaron el llamado “Plan Laboral”.
Los intereses que había detrás de quienes lo promulgaron, claramente era construir un escenario que permitieran al sector empresarial disponer de las mayores garantías para impulsar sin contrapesos sus proyectos, para ello, resultaba imprescindible limitar a los sindicatos y circunscribir la negociación colectiva sólo a los márgenes de la empresa, al punto que en el art. 4 del D.L. 2.758 señalaba: “queda absolutamente prohibida la negociación de un empleador o más, con trabajadores de más de una empresa, sea por procedimiento de negociación que señala esta ley o de cualquiera otra forma”. Además, transgrediendo tratados internacionales y diversos pronunciamientos de la O.I.T, atacaba la huelga de manera sustancial, impidiendo contar a los trabajadores con una herramienta esencial para presionar por mejoras. El propio Piñera señalaba refiriéndose a la huelga: “deja de ser ese terrible instrumento de presión a través del cual los trabajadores fuerzan un mejoramiento artificial de remuneraciones –generando de paso daños a la comunidad y conmoción política y social- y pasa a ser lo que toda huelga debe ser: un instrumento de los trabajadores para demostrar con precisión el aporte que ellos, como equipo realizan a la empresa en productividad”.
Era claro que Pinochet y Piñera en la época buscaban restringir al máximo la potencialidad de los trabajadores y dejar en cómodas posiciones a la clase empresarial que desde esa fecha en adelante, con esas tremendas herramientas jurídicas se dio a la tarea de arrancar derechos históricos conseguidos a través de largos años.
No conformes con ello, al año siguiente dos grandes sucesos le seguirían, la Constitución Política, donde Jaime Guzmán elevaría a sacrosanto derecho, el “derecho de propiedad” y dejaría otros, como la educación, la salud, la previsión y el agua sujetos a la lógica del mercado, cambiando de raíz la lógica protectora y garantista que el Estado a esa fecha había logrado imponer a los derechos sociales. En noviembre del mismo año, se promulgó el D.L. 3.500 que acababan con las cajas de previsión inaugurando las AFP y las Isapres.
De ahí en adelante, el ataque al mundo del trabajo y a los derechos sociales fue inmisericorde. El ataque no dejaría rastros de lo que fue el Estado de Bienestar alcanzado por años de luchas del movimiento sindical y social. El Estado se reconstituía sobre principios absolutamente contrarios a la democracia, asignándole un supra poder al sector empresarial que acabaría con años de desarrollo y transformaciones en el país.
Con esa herramienta, se profundizó la estrategia privatizadora que acabó con empresas públicas de importancia y que habían sido determinantes para el desarrollo nacional, pero, sobre todo habían jugado un rol importante en la otorgación de servicios adecuados y a costos accesibles para la población, como la electricidad, teléfonos, agua, transportes, energía, etc.
La reforma Agraria y la Nacionalización del Cobre, quizá los hitos más importantes de nuestro país llevados adelante bajo los gobiernos democráticos que precedieron la tiranía fueron arrasados en beneficio del gran capital nacional y foráneo.
Las consecuencias de una Constitución espuria es su génesis y en sus contenidos ha sido y es determinante para nuestro país. Bajo ella se ordena todo. Se le asigna importancia a lo privado más que a lo público. Se le asigna mayor importancia a la propiedad que a la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo, el agua.
Por ello, resulta esencial cambiar la Constitución Política, para ello es menester que en 65 días más las mayorías de este país nos expresemos ganándoles a las minorías que por años nos han negado derechos.
Necesitamos con urgencia diseñar un nuevo país. Que ponga fin a la tremenda desigualdad social que nos ubica como uno de los países con peor distribución del ingreso de la región. Corregir la desigualdad resulta fundamental para acabar con la pobreza y eso solo será posible con el rediseño de un nuevo Estado.
Chile despertó el 18 de octubre para cambiar este país. El pueblo, los jóvenes, las mujeres, los miles de trabajadores y trabajadoras no se han dormido. Solo permanecen atentos, para retomar la tarea inconclusa abierta en octubre y que solo terminará cuando el pueblo reconstruya un nuevo país, respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de la democracia, una nueva democracia con capacidad de hacer partícipes a todos los ciudadanos, incluyendo por cierto los derechos de los pueblos originarios y las minoría que luchan por ser reconocidos. Una nueva constitución que ponga el acento en los seres humanos y en el cuidado y respeto a todos los seres vivos de nuestro planeta es el desafió y eso solo lo pueden hacer la mayoría de hombres y mujeres de este territorio. Los empresarios y el capital en cuarenta años demostraron no ser capaces para ello, por el contrario, han generado mucho daño al medio ambiente con su contaminación y han generado una desigualdad que pone en peligro cualquier entendimiento social en nuestro país.
