Desde que se impuso el sistema de AFP, hace 38 años, se nos viene diciendo insistentemente que bajo el sistema de capitalización individual cada uno es propietario de su ahorro previsional, instalando de paso el individualismo y el “sálvese quien pueda” en el inconsciente colectivo.
A mediados de año, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP, impulsó a nivel nacional una campaña judicial presentando recursos de protección en todas las Cortes de Apelaciones del país exigiendo a las AFP que le entreguen a sus propietarios sus dineros ahorrados. El objetivo de esta acción en curso es llevar al Poder Judicial la discusión respecto al derecho de propiedad de los fondos previsionales, que dirima si el argumento que esgrimen las AFP sobre la propiedad de los recursos es efectivo o no, o sólo les sirve para responsabilizar a los cotizantes de sus bajas pensiones “porque no han ahorrado lo suficiente”.
Según la ley, se es propietario de un bien cuando se puede usar, gozar y disponer de él, cosa que no pasa con los ahorros previsionales capturados por las Administradores de Fondos Previsionales, las que disponen de ellos sin nuestra participación y nos son devueltos al final de nuestra vida activa en mínimas cuotas mensuales cuyo monto ellas mismas determinan, siendo en la mayoría de los casos, insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las personas.
El 16 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, frente a uno de estos casos, recurrió al Tribunal Constitucional (TC) por el recurso de la profesora María Angélica Ojeda, quien reclamó los $46 millones que acumuló durante una vida cotizando y que hoy administra AFP Cuprum, entregándole una pensión de $185 mil mensuales.
El miércoles 4 de octubre, un nuevo caso fue derivado al TC por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, esta vez, por la enfermera Beatriz Valenzuela, quien luego de 40 años de ejercicio laboral sigue trabajando por el temor a caer en la pobreza más absoluta con la pensión de $208 mil que le ofrece la AFP Habitat.
Estos dos casos, han puesto en la agenda pública el debate sobre la propiedad de los fondos, del que deriva el derecho a pensiones justas y la total desigualdad entre la pobreza en que quedan los cotizantes al momento de pensionarse versus las exorbitantes ganancias de las administradoras. (Ver cuadros).
El primer cuadro muestra las pensiones nuevos jubilados (mes de julio 2019), mientras que el segundo, evidencia las ganancias que durante el primer semestre del 2019 obtuvieron las AFP. Elaborados por Fundación Sol en base a información de la Super Intendencia de Pensiones.
Como dato, durante el mes de agosto de 2019, 11.552 personas recibieron su primera pensión autofinanciada de Vejez, la mitad de estas personas recibió menos $48.149. Es por ello que, en el contexto del actual debate, es importante destacar que la solución individual no garantiza ingresos suficientes en la vejez, puesto que 7 de cada 10 personas entre 55 y 65 años, tiene menos de 30 millones como saldo en su cuenta de capitalización individual, con lo que tendría una pensión que apenas superaría los $100 mil mensuales. La mejor alternativa para financiar pensiones suficientes es un sistema público de beneficio definido, como el que existe en más del 90% de los países del mundo y como el que postula la Coordinadora en su propuesta previsional (se puede leer y descargar en www.coordinadoranomasafp.cl).
Ese es el objetivo fundamental de la Coordinadora NO+AFP (organización que agrupa a gremios de trabajadores/as del sector público y privado), avanzar hacia un verdadero sistema previsional para Chile, que otorgue pensiones dignas y suficientes a las y los trabajadores del país al llegar a la vejez.
