DECLARACIÓN PÚBLICA
Los grandes empresarios, liderados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la SOFOFA, presentaron una propuesta fiscal alternativa al pacto que presentó el Gobierno.
Es una propuesta que apunta fundamentalmente a reducir el impuesto corporativo (de las empresas) de 27% a 23%. Además, busca rebajar de la tasa marginal combinada máxima, a las rentas del capital desde el 44,45% actual a solo un 35%. Pero, al mismo tiempo, los empresarios proponen aumentar el impuesto a la renta de las personas (salario y otros), pues consideran que su base de contribuyentes es reducida (debido a las bajas tasas marginales y el amplio tramo exento) que resulta en un bajo nivel de recaudación.
Las supuestas brechas tributarias con la OCDE como justificación
Las dos medidas señaladas encontrarían ‘justificación’ en las brechas tributarias existentes en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las que estarían justamente en la tasa del impuesto corporativo, que sería demasiado alta (23,4%) con respecto al 9,6% del bloque, y la base imponible del impuesto a la renta de las personas, que sería solo un 7,2% de los ingresos tributarios, el porcentaje más bajo de la OCDE en 2019.
Claramente esta es una justificación extremadamente ideologizada, incluso la propia OCDE en su informe “Revisiones de Política Tributaria: Chile 2022” recomienda evitarse las comparaciones o análisis de aspectos aislados, en particular los relativos a las contribuciones a la seguridad social porque “representa un enfoque analítico poco ortodoxo, que puede no ser muy informativo e incluso podría ser engañoso”. Sobre todo, en el caso de Chile, cuya “estructura fiscal es una de las más divergentes” de la media de los países que componen el bloque, para no decir opuesta.
Recurrir a estas comparaciones bajo la óptica de sus intereses, hace que la propuesta de los gremios empresariales caiga en evidentes inconsistencias. Al sumar los aportes a la seguridad social (pensiones y salud, por ejemplo) con la intención de agrandar los ingresos tributarios en el país, significa reconocer en los hechos que tales contribuciones son impuestos de carácter nacional porque se trata de una contribución obligatoria estatuida por una ley.
Más allá de las brechas: la carga tributaria nacional
El informe citado de la OCDE, examinó el nivel, la composición y la evolución de la carga tributaria nacional, concluyendo que ésta se encuentra entre una de las más bajas de la OCDE, de acuerdo con diferentes medidas y ha sido consistentemente más baja que su promedio durante los últimos 30 años. Incluso, la relación impuestos-PIB es inferior a la de los países del bloque cuando tenían un nivel de ingresos similar al de Chile. En 2019, la carga tributaria de nuestro país fue del 20,7%, comparada con el 33,8% de la OCDE, moviéndose muy poco de ese porcentaje por largo tiempo.
Por su parte, los impuestos indirectos son la principal fuente de ingresos tributarios en Chile en las últimas décadas, con el 40% del total recaudado en 2019, mientras que en la OCDE estos representan el 20,3%. A su vez, las contribuciones de seguridad social representan solo el 7,3% en el país, en tanto en el bloque explican el 25,9%. Al respecto, es sabido que los impuestos indirectos tienden a ser más regresivos en su recaudación, en tanto las contribuciones a la seguridad social tienden a ser más progresivas. Por lo cual, la composición de los ingresos tributarios en nuestro país es evidentemente regresiva, a diferencia de la OCDE. De esto, nada dice el documento de los empresarios.
Preocupa este desinterés empresarial ya que la menor capacidad recaudatoria y el gran peso relativo de los impuestos indirectos condicionan la capacidad redistributiva de la política fiscal chilena (tributación y gasto), siendo muy inferior al promedio de la OCDE. Debe tenerse presente que cuando Chile ingresó a la OCDE en 2010, era el segundo país con la distribución del ingreso más desigual antes de impuestos y transferencias, y paradójicamente el país más desigual después de ellas. Esto significa que en el conjunto de la OCDE la política fiscal chilena es la que tiene una menor capacidad de modificar la distribución funcional del ingreso generada por el ‘libre mercado’ y esto ha venido ocurriendo desde los tiempos de dictadura.
No debe sorprender, entonces, que un estudio elaborado por la OCDE (febrero de 2021) sobre Chile inste al país a que se centre en reducir las desigualdades para reforzar la recuperación social y económica del COVID-19. En efecto “la persistente y elevada desigualdad de Chile es un reto clave desde hace tiempo. A pesar de los avances conseguidos en la reducción de la pobreza, se considera que el 53% de los hogares del país son económicamente vulnerables, lo cual significa que no tienen un colchón financiero para protegerse frente a una caída repentina de sus ingresos”. De esto, tampoco nada dice el documento empresarial, sus preocupaciones están solo en alcanzar la “convergencia tributaria” (reducciones de las brechas) con la OCDE.
En este escenario, su propuesta de aumentar el impuesto a la renta de las personas debe ser enérgicamente rechazada no sólo por inconveniente sino asimismo por regresiva. Inconveniente en el sentido de que restringe todavía más la capacidad de gasto de la población, lo que termina por profundizar los efectos recesivos de la actual política económica; y regresiva porque pretende descargar en la población los costos de una crisis producida en el modelo neoliberal. Si se trata de equidad, son ellos quienes deben pagar el costo del ajuste, porque son ellos los responsables del estancamiento económico y de la dramática desigualdad de los ingresos y de la riqueza.
Confederación Bancaria y del Sector Financiero
16 de enero de 2024
