Los dirigentes sindicales de los bancos se sumaron al rechazo al proyecto que privatiza el mar en favor de las compañías salmoneras y las instituciones financieras acreedoras. 
Afirmaron que los bancos están actuando en un campo que no le es propio y que bancos de capitales foráneos están extendiendo su mano por la vía de las hipotecas, de las prendas, y de las garantías en el mar. En tanto la Confederación Nacional de pescadores reafirmó su rechazo al proyecto de los salmoners. Por su parte el Senador Nelson Avila afirmó que la la aprobación está «en suspenso» y podría pasar a la Comisión de Constitucion, Legislación y Justicia, para revisar su inconstitucionalidad. En la foto aparecen Andrea Riquelme y Luis Mesina, de los Confederación Bancaria, Juan Carlos Cárdenas de Ecoceanos, el Senador Nelson Ávila, y Cosme Caracciolo de Conapach.
Santiago de Chile, 10 de Julio de 2009. (Ecoceanos News)— Sindicatos de los bancos, pescadores artesanales, el Centro Ecoceanos y el senador Nelsón Avila, afirmaron hoy que el proyecto que privatiza el mar a favor de las compañías salmoneras endeudadas y los bancos acreedores sería inconstitucional y en la Cámara de Diputados fue “técnicamente mal concebido”. La inconstitucionalidad se centra en que las concesiones acuícolas que son bienes nacionales de uso público no pueden ser hipotecadas, porque no son inmuebles.
En conferencia de prensa las organizaciones advirtieron que el proyecto se enfrentaría además a cambiar la Ley de Bancos porque estas instituciones financieras comenzarían a actuar en un campo que no les corresponde, como es la acuicultura y la compra y venta de concesiones y porciones de mar.
El proyecto que privatiza el mar al hipotecar a los bancos las concesiones acuícolas, es rechazado por la principal organizacion de pescadores, la Conapach, las Federaciones de trabajadores del salmón, los sindicatos de los bancos, y diversas organizaciones de medio ambiente en que se encuentran Ecoceanos, el Centro de Conservación Cetácea, el Observatorio de Conflictos Ambientales, la fundación Melimoyu y las comunidades Mapuches, entre otros sectores.
BANCOS EN OTRO RUBRO
El Secretario General de la Confederación de Sindicatos Bancarios, Luis Mesina dijo que “nos preocupa que siendo la industria financiera mundial -de la cual la industria financiera nacional no está eximida de responsabilidades-, la causante de la crisis mundial más grande que se ha vivido en la historia en materia de manejo de los recursos de los ciudadanos del planeta, no es posible que en este país se le sigan otorgando nuevas concesiones, nuevas granjerías, para que la industria financiera chilena explore campos que no le son propios”.
Agregó que “La industria bancaria, a diferencia de lo que se está legislando en este país, debiera acotar el ámbito de su accionar. Muy por el contrario estos acreedores que son en su gran mayoría bancos de capitales foráneos están hoy día extendiendo su mano y por la vía de las hipotecas, de las prendas, de las garantías, están hoy día haciéndose propietarios de recursos públicos, de bienes nacionales que nos pertenecen a los chilenos”.
INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO
Por su parte el senador Nelson Avila afirmó que desde la cámara de diputados recibieron un “adefesio legislativo” y que ahora los senadores legislan “con el puñal puesto en el cuello porque siempre van a sacar como argumento el drama laboral”.
Avila señaló que se habla “de hipotecas sobre concesiones y la verdad que esa es una figura que tiene fundamentos pero tratándose de bienes inmuebles. Las concesiones no lo son, de ahí que deberían entonces al menos hacer la denominación jurídica que corresponde”.
Agregó que la aprobación en el Senado “está en suspenso” porque se ha abierto “espacio para la presentación de indicaciones, lo cual no estaba contemplado”.
Respecto a la inconstitucionalidad del proyecto el Senador agregó que “en los próximos días habría un texto que sustentaría esta visión. Señaló también que “si hay una presentación fundada en un buen informe en derecho, necesariamente tendría que ser analizada”
Ante esto planteó que “más de alguna petición se hará en el sentido de que primero sea estudiada por la Comisión de Constitución Legislación y Justica antes de que pase a la sala y por lo tanto se agregaría una instancia de debate adicional”.
CONAPACH REAFIRMA RECHAZO A PRIVATIZACION DEL MAR
En la conferencia también estuvo presente el representante de la Confederación Nacional de Pescadores, CONAPACH, Cosme Caracciolo. El dirigente afirmó que ha “cuestiones graves” de este proyecto privatizador que están en conflicto legal con “la ley de Pesca del año 91 que en su artículo 47 consagra el uso de las aguas interiores a la pesca artesanal”.
“Están creando barrios salmoneros y se les está dando privilegios a un grupo de empresarios en nuestro territorio de la pesca artesanal. El uso preferente de las aguas interiores es para los pescadores artesanales y por tanto rechazamos este proyecto”.
El dirigente de Conapach agregó que “la industria del salmón no es compatible con el medio ambiente, no es compatible con la cuestión social y con el respeto a los trabajadores y por lo tanto esta industria no debe existir. Esa es la posición de las organizaciones de pescadores artesanales de Chile y de la Conapach”.
HIPTECAN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO
Por su parte el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cardenas afirmó que “la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la Ley, por lo que no existen personas ni grupos privilegiados. Por ello, ni la ley ni autoridad alguna pueden establecer diferencias arbitrarias del derecho a desarrollar cualquier actividad productiva”.
“La norma propuesta en el proyecto de ley –dijo Cardenas-, sólo beneficia a los grandes productores de salmón del Atlántico. Con ello afecta el principio de libertad económica, consagrado como garantía en la Constitución del Estado en su artículo 19, Nº 21, inciso 1”.
Agregó que “hipotecar las concesiones de acuicultura por parte de las empresas salmoneras, es una aproximación que no respeta el hecho de que el borde costero y las concesiones de acuicultura son Bienes Nacionales de Uso Público y no un bien fiscal”.
“Por Bienes Nacionales debemos entender como aquellos cuyo dominio pertenecen a la Nación toda (artículo 589 del Código civil). Estos son de 2 tipos: a) Bienes Nacionales de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todos los habitantes de la Nación. Entre ellos se incluyen la mar adyacente y sus playas (artículo 589, inciso 2 del Código Civil); b) Bienes del Estado o Bienes Fiscales, los que pertenecen a toda la Nación, pero su uso no pertenece generalmente a sus habitantes”, puntualizó el director de Ecoceanos.
Agergó que «si las porciones de agua y fondo de mar de una concesión de acuicultura de peces son bienes nacionales de usos publico, la ley debe respetar tal derecho de propiedad que tienen los ciudadanos sobre éstas, no pudiendo prohibir su uso, salvo por razones de seguridad nacional, de salubridad nacional y de conservación del patrimonio ambiental.
