Desde la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, venimos a exponer una propuesta que se ha debatido intensamente en nuestras asambleas.
Lo ocurrido el 18 de octubre es el resultado de un sistema político agotado en nuestro país, y que no permite la participación popular ni democrática de los sectores que conforman nuestra sociedad, no ha permitido la participación de los pueblos originarios, de los movimientos feministas que vienen luchando y revindicando derechos por años y que hoy felizmente están representados acá. Tampoco se ha permitido la participación de las y los trabajadores, quienes finalmente somos quienes generamos la riqueza que permiten que el país avance, por lo tanto, estamos frente a un Estado fallido, incapaz de garantizar derechos, un Estado de derecha que garantiza y resguarda los derechos de una minoría.
No son 30 años, como se ha señalado, sino que son 40 años desde que se confeccionó la Constitución de 1980. Durante estas cuatro décadas de impunidad se instaló el sistema de AFP y el plan laboral y los y las trabajadoras venimos sufriendo los embates de un modelo discriminador, que ha provocado una profunda desigualdad y niega la participación ciudadana, es decir, estamos frente a una falsa democracia, a una democracia que no es tal y que las y los trabajadores llevamos años denunciando.
Es por ello que los trabajadores del sistema financiero planteamos un sistema que permita la participación y que rompa con este Estado actual en que se ha fundado la política en nuestro país, necesitamos proporcionalidad directa de la democracia, terminar con este régimen presidencialista que monopoliza el poder absoluto, casi monárquico de una figura que ni siquiera el equipo de ministros que acompañan su gestión, son capaces de cuestionar o discrepar, estamos frente a un régimen autoritario que no se soporta en estos tiempos, en pleno Siglo XXI.
Solo como una muestra de esta imposibilidad que tenemos los y las trabajadoras de influir en políticas públicas, está nuestra participación en la Coordinadora No+AFP. El años 2018, realizamos una Iniciativa popular de ley a través de Cabildos ciudadanos realizados en todo el país con más de 15.000 firmas. Esa Iniciativa Popular de Ley la convertimos en Proyecto de ley que contó con el apoyo de 40 parlamentarios, pese a ello, este proyecto no pudo prosperar debido a que tampoco los congresistas actuales tienen la facultad de presentar proyectos de ley que conlleven gasto fiscal. Cabe señalar que todavía el problema de las pensiones y la seguridad social, ningún gobierno ha sido capaz de hacerse cargo.
Otro ejemplo claro de la incapacidad del mundo del trabajo de ser escuchados, es la nula posibilidad de introducir una reforma constitucional que nos permita a las y los trabajadores el establecimiento de una negociación ramal, que permitiría una relación más igualitaria con el empresariado permitiendo, entre otras cosas la participación en la repartición de utilidades.
Este marco institucional es el que ha permitido un conflicto latente y permanente en la sociedad actual, si hubiese otro tipo de régimen, estos temas hubiesen sido objeto de un debate a fondo, permitiendo un entendimiento más equilibrados entre todos los actores de la sociedad.
De esta manera necesitamos un parlamento que acreciente la participación y que de cuenta y sea la voz de la ciudadanía. Que permita presentar proyectos populares de Ley. Esto es tremendamente necesario y democrático.
Como trabajadores y trabajadoras hemos recogido la voz de la ciudadanía y por eso somos partidarios de terminar con este régimen antidemocrático, que no permite la expresión de las mayorías.
En la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines tenemos la esperanza y confiamos que esta nueva constitución establezca además un sistema unicameral que acabe con la institución del Senado, que no ha estado a la altura y solo ha servido para la burocratización de las leyes que son fundamentales para profundizar la democracia.
Son estas y mucha otras razones las que hacen urgente acabar con el régimen portaliano, acrecentado en la Constitución del 80 con el “hiperpresidencialismo”. La experiencia ha demostrado a través de nuestra historia, que el actual régimen político imperante no ha sido capaz de responder ante las profundas crisis sociales, políticas, económicas e institucionales que ha vivido nuestro país. No es posible que cada vez que nuestra sociedad viva profundas contradicciones, producto de visiones de mundos distintas, la violencia asome como una forma de resolver los conflictos.
El actual trance social y político que estamos atravesando como sociedad, tiene múltiples factores que permitirían una solución, sin embargo, para nosotros hay dos que son fundamentales: el primero es el deber que tiene el Estado para cubrir los derechos básicos y fundamentales de todos los chilenos, chilenas y personas que habitan este país.
El segundo es la forma como se estructurará el nuevo régimen político para dar respuesta al primero.
En este sentido hemos dado luces desde el mundo del trabajo sobre qué es lo que necesitamos tenga este nuevo régimen y porqué. Esta nueva institucionalidad debe ampliar la representación del espectro político y ciudadano, como también disminuir las atribuciones del Presidente de la República, por ejemplo en el ámbito represivo, dependiendo solo de él la declaración de los Estados de Excepción. En este caso particular, siempre se debería contar desde un principio con la aprobación del Congreso Nacional.
Ante la actual crisis que vive Chile la transformación del régimen presidencialista es una necesidad, para eso se han dado distintas fórmulas, una de ellas es el Sistema Parlamentario, sistema cuya elección de los jefes de Estado y de Gobierno son indirectos, permite siempre la creación de gobiernos de mayoría, donde el debate y los acuerdo son fundamentales para cualquier democracia. Esta modalidad por supuesto requiere un sistema fuerte de partidos políticos y validados por la ciudadanía.
Entendemos que para Chile este sistema tiene una complejidad por la no elección de las autoridades de manera directa y la creación de una figura como Primer Ministro encargado del Gobierno. En definitiva, juega en contra el poco raigambre histórico-cultural que tiene aquí esta modalidad.
Sin embargo, creemos que tiene una ventaja fundamental para el Chile de hoy y del futuro, esto es que permitiría resolver los conflictos profundos de manera institucional y sin ningún tipo de traumas. Para nadie es un misterio que en este tipo de régimen, los gobiernos por negación de confianza o voto de censura dejan sus funciones y se llama a nuevas elecciones sin mayor quiebre institucional, lo que conlleva una mejor capacidad de respuesta frente a una crisis de gobierno. Tal vez, si hubiésemos tenido este régimen, habríamos evitado muchos trances históricos, incluyendo la extensión del estallido social del 18 de octubre de 2019, donde las demandas de los chilenos aun están en la espera de ser resueltas.
Además, bajo circunstancias determinadas un poder puede revocar el mandato del otro, evitando así que exista una hegemonía de alguno lo que permite una relación más estabilizada.
Otro de los sistema que se ha discutido, es un régimen Semipresidencial, nosotros como Confederación Bancaria y del sector financiero tampoco nos cerramos a esta posibilidad, toda vez que también cumple con el objetivo de eliminar las excesivas facultades presidenciales, y el Jefe de Estado es electo por votación directa, el cual nombra a un Primer Ministro con el acuerdo mayoritario del parlamento, lo que podría ser una transición a un Sistema Parlamentario en el futuro.
Sea cual sea el sistema, los aspectos que no pueden faltar en la nueva Carta Magna son:
- Congreso Unicameral
- Quitar atribuciones sobre todos las represivas dictadas unilateralmente por la figura del Presidente de la República.
- Factibilidad de la elaboración de todo tipo de proyectos de ley incluidos con gasto fiscal de parte del parlamento.
- Saneamiento del sistema de partidos políticos, esto conlleva a una manera más transparente de su conformación, sin padrones adulterados.
- Mecanismo de participación ciudadana efectiva como la Iniciativa Popular de Ley y el Plebiscito consultivo y vinculante, impulsados por la sociedad civil.
- Revocabilidad de los cargos cuando no se cumple con lo comprometido.
Finalmente, uno de los temas que como organización sindical nos preocupa profundamente, es que se mantenga las actuales autoridades una vez aprobada la Nueva Constitución.
Es impensable que una vez aprobada en el referéndum de salida la Nueva Carta Magna, siga primando el poder constituido por sobre el constituyente. Nosotros hacemos un llamado a la responsabilidad política que tienen frente al país, para generar un artículo transitorio que especifique que después de 6 meses aprobada la Nueva Constitución, se llame a nuevas elecciones para elegir a todas las autoridades, incluyendo el Presidente de la República, para que comience a regir la nueva institucionalidad, de esta forma se va a legitimar el proceso de manera democrática, de lo contrario, podría producirse incomprensión en la ciudadanía.
Chile no soporta más la incertidumbre ni la dilatación artificial de los cambios estructurales que el país necesita, llevamos más de dos años en un período de transición desde el 18 de octubre del 2019.
Para finalizar y con respecto al sistema electoral que también es una temática que le corresponde a ustedes ver, les pedimos restituir nuestro derecho cívico que nos fue arrebatado y que a 30 años de gobiernos “democráticos” aún persiste, en el artículo 19 del inciso 19 de la constitución política donde a los sindicatos se nos prohíbe la participación en política y el articulo 57 inciso 7, donde se nos impide a los dirigentes sindicales postularnos a cargos de elección popular.
Muchas gracias, en ustedes Convencionales está la enorme responsabilidad, la estabilidad y la paz del futuro de Chile.
