Por Luis Mesina
La reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de los ahorros previsionales no fue inocua, sus consecuencias aún no logran apreciarse en su real dimensión. En primer lugar, fue un golpe certero al corazón del sistema de capitalización individual; al mismo tiempo, un golpe mortífero al gobierno de Sebastián Piñera. Éste se había empeñado junto al gran empresariado, la derecha y una parte importante del Congreso en impedir, a como diera lugar, la aprobación de este proyecto debido a que estaba en juego uno de los pilares más importante del sistema.
Piñera movilizó a sus ministros más importantes para que evitaran la aprobación, mucho se jugaba en esto. Cuestiones simbólicas. Las AFP han permanecido intocables por 40 años y abrir la puerta era peligroso, pues las AFP son a los Piñera, José y Sebastián, lo que la Constitución es a Jaime Guzmán, cayendo una, la otra se debilita.
Durante mucho tiempo los defensores del ordenamiento institucional, que ha permanecido invariable, en lo esencial, por 40 años, saben, que provocar cambios estructurales son peligrosos para el modelo de privilegios de unos pocos.
Y el momento actual, además de ser inoportuno para quienes se han opuesto por años a los cambios, genera muchos alicientes para quienes aspiran en el próximo plebiscito, dar inicio al diseño de un nuevo país que restituya derechos y ponga fin al modelo de despojos instalado en dictadura y consolidado en “democracia”.
En octubre de 1980 nació la Constitución Política, y un mes después, en noviembre, nacieron las AFP. Son por tanto, los pilares de la dictadura que después de 40 años aún permanecen dictaminando los destinos de quienes viven en nuestro país.
La historia nos muestra, muy frecuentemente, que los gobiernos débiles que no gozan de respaldo popular, son peligrosos. Buscan proyectar una imagen de solidez cuando no la tienen. Para mostrarse fuertes generalmente utilizan la herramienta que más cerca tienen a mano, la represión.
El uso de la fuerza ha sido la característica con la que Piñera y su gobierno ha enfrentado el conflicto social. Se evidenció con el crimen del comunero mapuche Camilo Catrillanca y con la sostenida represión contra los estudiantes del Instituto Nacional durante su primer año de gobierno. Continuó durante 2019, hasta que, producido el estallido social del 18 de octubre, la represión adquirió ribetes propios de un régimen totalitario, de una tiranía. Miles de personas hubieron de pagar la represión de Piñera con la perdida de sus vidas, otros, con la perdida de sus ojos, centenares fueron objeto de tortura y fuerte represión, y muchos, debieron soportar la prisión hasta el día de hoy.
El gobierno de Piñera está débil, ello no significa, parafraseando a su ex ministro, “que mute y se ponga bueno”, por el contrario, como todo régimen político que se encuentra en bancarrota, puede resultar muy peligroso para la integridad física y moral de quienes expresan la oposición a sus políticas, en particular, para quienes se manifiestan a través de la protesta social y desde los movimientos sociales.
Se confirma lo anterior con la respuesta que Piñera da a la crisis que vive el país. El cambio de gabinete es, claramente, una señal de mayor dureza, de menos dialogo y mayor represión. Instala el gabinete del rechazo. Personajes como Allamand y Pérez claramente defensores de la constitución pinochetista, harán todo lo que este a su alcance para hegemonizar la estrategia del miedo y de la mentira, buscando como lo hicieron en el pasado atemorizar a la ciudadanía respecto de que los cambios son perjudiciales y que aquellos que los demandan no son sino personas, que buscan acabar con el Estado de Derecho. Ese es, ha sido y quizá siga siendo, el contenido del discurso catastrofista que instalan cada vez que el pueblo se levanta exigiendo transformaciones sociales.
Se confirma esta afirmación con la realidad, bastaron solo tres días de asumido el nuevo ministro del interior, para que el escenario de violencia extrema se desatara en nuestro país. Su visita a la zona de WallMapu y sus declaraciones destempladas en materia de derechos humanos, fueron la chispa que desató la violencia en la provincia de Malleco, violencia que se pone a tono con los sectores más radicales de la derecha, que piden más mano dura en la zona, no comprendiendo que el problema tiene ribetes mucho más complejos que la sola represión.
La chispa la encendió el gobierno, ya no solo es la provincia de Malleco, el conflicto se extiende hacia Arauco, Cautín y el Bio Bio. La solidaridad crece a lo largo del territorio nacional con el Pueblo Mapuche, cuyas demandas ancestrales no han sido escuchadas por el Estado chileno a los largo de décadas, por el contrario, siempre se ha recurrido, desde la llamada “pacificación de la Araucanía” a dar como respuesta la represión. Ello nos plantea asumir en el nuevo diseño político que debemos construir entre todos y todas -una vez que se acabe con la Constitución pinochetista-, los derechos que debemos reconocer al pueblo Mapuche
Las cartas están echadas, por un lado la ciudadanía, el pueblo, los y las trabajadoras, lograron durante el mes de julio una gran conquista, y ese triunfo debe ser calibrado en su justa medida. Ahora hay que mirar hacia delante, sin perder de vista al gobierno y al Congreso. Son estos los momentos difíciles, un régimen que es sometido a presión, una institucionalidad que comienza poco a poco a desmoronarse es la señal de que avanzamos hacia algo nuevo.
El régimen político actual con sus instituciones hará lo imposible por efectuar cambios para que todo permanezca igual. Es la política del gatopardismo que se estrena en estos momentos, a través de reformas que el gobierno, en su estado calamitoso, junto a un sector de quienes se ubican en la supuesta oposición intentan presentar como avances en un momento en que la ciudadanía pide a gritos cambios estructurales. La reforma al sistema de pensiones que lideran los senadores Letelier y Goic busca mejorar las pensiones; pero, dejando intactas a las AFP, vale decir, consolidar el modelo fracasado de capitalización individual que la ciudadanía a lo largo del país ha cuestionado y que es la antípoda de la seguridad social.
¿De qué depende que avancemos hacia una verdadera democracia?, depende de que nos mantengamos en vigilia, más unidos que nunca, el 25 de octubre es una primera parada, debemos ganarla con la fuerza de nuestro pueblo, que nos permita avanzar hacia verdaderas transformaciones, que por años la mayoría ha demandado. De nosotros, hombres y mujeres de este territorio, depende.
