El año 2008 se dictó una ley (Ley 20.238) que prohíbe participar en licitaciones públicas y adjudicarse contratos de organismos públicos a empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores. Esta prohibición no es absoluta: dura tan solo 2 años.
Una sanción justa para quienes lucran con dineros de todos los chilenos a costa de los derechos de sus trabajadores. Una importante advertencia para quienes deseen hacerlo.
Sin embargo, 2 empresas intentan que el Tribunal Constitucional declare que la prohibición de contratar con el estado durante 2 años es inconstitucional y se les permita hacerlo pese a haber sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales de sus trabajadores.
Esas empresas son Starco S.A. y Banco de Chile S.A. La primera dedicada a la recolección de basura. La segunda, el banco más importante del país y propiedad de uno de los empresarios más ricos.
Estas empresas han presentado dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional: el de la empresa Starco está próximo a fallo y el de Banco de Chile espera alegatos.
Si estas 2 empresas tienen éxito, quedarán en impunidad y podrán contratar con el estado. Pero, más grave aún, todas las empresas que contratan con ministerios, servicios públicos y municipalidades se sentirán con toda la libertad de atentar contra los derechos de sus dependientes, una y otra vez, pues su único castigo será una multa irrisoria y la publicación de su nombre en el listado de la Dirección del Trabajo.
Los peores empleadores premiados con el tesoro público
Aún se puede hacer algo. ¡Debemos hacer algo!
Por eso invitamos a todos los dirigentes sindicales a un encuentro que se realizará este Jueves 15 de Marzo a las 18:00 horas en la sede de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) ubicada en el Edificio Tucapel Jiménez, Alameda Nº 1603, Santiago. Analizaremos el escenario y resolveremos las medidas a adoptar.
