Alrededor de 300 dirigentes sindicales de los más diversos sectores laborales y de diferentes regiones del país, confluyeron hoy frente al Ministerio del Trabajo para manifestar su total rechazo al Proyecto de Reforma Laboral presentado por el gobierno por considerar que éste generará un retroceso en los derechos esenciales de los trabajadores.
Mientras la dirigencia nacional de la Unión Portuaria del Bio Bio, se reunía con la Ministra Javiera Blanco, líderes de importantes organizaciones sindicales, que funcionan fuera de la órbita de la CUT, unieron fuerza con un objetivo común: impedir que se legisle un proyecto que a su juicio “consolidará el Plan Laboral de José Piñera”, al criminalizar la huelga; introducir mayor dificultad para la defensa de los derechos colectivos y dar pie para una mayor flexibilización del trabajo. En la oportunidad hicieron uso de la palabra Esteban Hidalgo de la Central General de Trabajadores, CGT, Alvaro Guajardo, de SITECO de Rancagua, Orietta Fuenzalida, dirigenta de la Anef y de la Asoc. De funcionario de la Dirección del Trabajo, Victor Quijada, de la Unión Clasista de Trabajadores, UCT y Luis Mesina, de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines. También se dirigieron a los presentes, representantes de la Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH y Takuri Tapia, en representación de los estudiantes.
Puntos coincidentes en los discursos fueron el fortalecimiento de la unidad y la movilización en el próximo período, con el objetivo centrado en conquistar una nueva legislación laboral, que termine definitivamente con la normativa elaborada bajo dictadura y que aún sigue vigente en beneficio del empresariado.
DECLARACIÓN PÚBLICA
“Esta reforma huele mal, fin al Plan Laboral”
Luego de leerlo y analizarlo, declaramos nuestro total rechazo al Proyecto de Reforma Laboral presentado por el gobierno. Este no es más que un “tributo” al Plan Laboral de José Piñera, perfeccionando su creatura, con la aplicación de normas que terminan por criminalizar la huelga y la actividad sindical. Este proyecto no significa ningún avance para los derechos colectivos de los trabajadores y de aprobarse, marcará claramente un retroceso en la lucha por conquistar un verdadero Código Laboral que nos libere de la voracidad de los patrones.
Este proyecto se elaboró sin consultar la opinión de los trabajadores, salvo a un pequeño grupo de dirigentes simpatizantes del gobierno, dejando a las bases de lado. Además, responde claramente a los intereses del empresariado, prueba de esto son las diversas reuniones y el acuerdo de hecho que ha establecido el gobierno con diferentes grupos económicos.
Este proyecto:
- No fortalece la Negociación Colectiva, fundamental herramienta que tienen los trabajadores para mejorar sus condiciones de trabajo y vida. Por el contrario, burocratiza aún más el proceso y no se hace cargo de una de las demandas más sentidas por la clase trabajadora al respecto: la negociación por rama productiva; manteniéndola sólo a nivel de empresa.
Además crea “pactos de adaptabilidad” donde permite que el empleador pacte condiciones laborales sólo con el 30% de los trabajadores de su empresa, y con el 70% restante puede negociar individualmente lo que en la práctica lleva a la imposición de la minoría por sobre la mayoría.
- Debilita aún más la acción de la Huelga. Con esta iniciativa de gobierno, la huelga sigue estando enmarcada sólo durante la Negociación colectiva, prohibiendo su realización a todo efecto, por motivos de solidaridad o en respuesta a conflictos específicos. Es más, la ataca directamente al criminalizar las formas en que se lleve a cabo (manifestación pública, ruido, obstaculización del ingreso de clientes a la empresa, por ejemplo), llegando al punto de desaforar a dirigentes que no se desenvuelvan en forma “pacífica” o se nieguen a negociar bajo las reglas del mismo empleador.
La propuesta del gobierno de garantizar los “servicios mínimos” durante la huelga es cambiar los rompehuelgas externos por rompehuelgas internos. Aceptar una fórmula de esta naturaleza, es no sólo no cumplir con lo prometido, sino, lo más grave, institucionalizar una práctica reñida con el derecho comparado en materia de legislación laboral que dejaría a los trabajadores en peores condiciones que las actuales, introduciendo una competencia desleal al interior de las empresas entre los propios trabajadores.
Otro punto incluido es la reanudación de faena, trasladando la decisión desde la Presidencia de la Republica (quien hoy tiene esa facultad) a los jueces de letras, haciendo más probable su ejecución pues implica menos costos y presión política al Ejecutivo.
- No se hace cargo de sectores de trabajadores como subcontratados y temporeros, quienes concentran gran porcentaje de la fuerza laboral y presentan niveles de precarización y flexibilidad laboral inaceptables.
- No resguarda condiciones laborales mínimas para todos los trabajadores, que den mayor estabilidad y dignidad. Por ejemplo, no deroga el artículo 161 del Código del Trabajo donde permite que los empleadores despidan a trabajadores bajo la figura de “necesidades de la empresa”
- No incluye las demandas de los trabajadores del sector público, a quienes hoy se les niega la posibilidad de negociar colectivamente y formar sindicatos. A pesar de esto, los trabajadores públicos cuentan con estos derechos de facto, que pueden verse amenazados por este modelo de relaciones laborales.
Santiago, 30 de enero 2015
Unión Portuaria del Bio Bio, UPBB
Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, CSTEBA
Confederación de Empleados Particulares de Chile, CEPCH
Unión Clasista de Trabajadores, UCT
SITECO
Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas
Sindicato Nº 1 de Aguas Andinas
Sindicato Nº 2 de Aguas Andinas
Sindicato Jumbo
Sindicato de Trabajadores Fondo Esperanza
Fundación Sol
