Por Luis Mesina
Ayer domingo se cumplió un año desde que el pueblo de Chile dijera basta. Ese 18 de octubre de 2019 quedará marcado en la historia de nuestro país como el despertar de millones que cansados del abuso decidieron ponerse de pie y salir a enfrentar al sistema y a sus instituciones que por más de 30 años fueron indiferentes a las demandas sociales, y que sin ningún pudor se corrompió groseramente. En ese escenario, los corruptos gozaron de una impunidad que irritó a las mayorías que viven a diario de su trabajo y esfuerzo.
El 18 de octubre es el corolario de un proceso de injusticias, que ellos, los que gobernaron no vieron en treinta años, por eso les estalló con tanta furia en sus propias narices.
Estallido social, revuelta popular, rebelión, revolución, son nombres para denominar ese proceso abierto en octubre. Precisión que resulta indiferente para los millones que “saltaron el torniquete”, pues, tratándose de una movilización nacional, intensa y extensa que cuestionó el orden imperante, lo que importa es la dimensión de dicho fenómeno social que acaparó la atención de todo el mundo.
En efecto, el modelito chileno difundido durante 30 años por la ex Concertación y la derecha como un modelo de éxito para administrar el Estado, se derrumbaba ante los ojos del mundo de la noche a la mañana. La paz social que se vendía como un activo para el inversionista extranjero, se desplomaba.
Los resultados para las mayorías eran irrebatibles, mientras el país aumentaba su ingreso per cápita por sobre los 20 mil dólares, ubicándose en el primer lugar de la región, los salarios promedio para la mitad de los habitantes no superaban los 550 mil pesos líquidos. Nos repetían a diario que el aumento del gasto público en educación y salud había aumentado considerablemente en los últimos 30 años, eran los argumentos intimidatorios para cualquiera que intentara cuestionar el modelo. No decían que gran parte de esos recursos públicos, finalmente eran transferidos al sector privado para que ellos, bajo la lógica imperante de los negocios, terminaran capturándolos para ponerlos a disposición del mercado.
La otra cara de la moneda mostraba la cruenta realidad. La atención de la salud para millones se deterioraba a pasos agigantados, las interminables filas para ser atendidos en la salud pública evidenciaban que ese derecho, se extinguía de las manos a las mayorías y solo era posible adquirirla si se contaba con dinero. Era el periodo en que el sector privado capturaba parte importante de los recursos del AUGE. Las clínicas fastuosas hacían su estreno en todo el país dejando a los hospitales públicos carentes de insumos básicos para atender a la población más pobre. Así fue como el discurso del crecimiento con igualdad de Ricardo Lagos se hacía trizas ante los datos objetivos y la realidad que enfrentaba la mayoría de los habitantes.
Ya en la década anterior, Frei Ruiz Tagle había concluido otra parte del despojo a nuestro pueblo, cuando suscribió una inmensa cantidad de tratados internacionales que permitieron eliminar las trabas arancelarias para que el capital circulara libremente, enajenando los pocos bienes públicos como el agua, las sanitarias y muchos sectores económicos que cayeron bajo las garras del capital transnacional.
Chile se privatizaba en beneficio de un puñado de chilenos que concentraban groseramente el ingreso, al punto que 140 personas ostentan un patrimonio financiero y no financiero superior a los US$150.444 millones, vale decir, 140 personas poseen un patrimonio superior al 50% del PIB nacional.
Era la consolidación de una desigualdad extrema. Chile crecía, Chile se dividía.
Bachelet intentó en su primer gobierno hacer un pequeño giro, pero no pudo. Debió contentarse con crear el pilar solidario, que al fin de cuentas no fue más que un respirador artificial para el sistema privado y de negocio de las pensiones. Las AFP tuvieron un respiro y continuaron administrando el ahorro de los millones de chilenos al tiempo que financiaban a los grandes grupos económicos que expandían sus negocios y fortunas, muchos de ellos coludiéndose para estafar a sus propios compatriotas, total, la impunidad para los poderosos era la garantía pactada en los hechos, para imponer como máxima sanción a los delincuentes de cuello y corbata clases de ética.
Los pensionados lograban en promedio pensiones cuyo monto estaba por debajo del ingreso mínimo y más de la mitad no lograba alcanzar la línea de la pobreza. Profesoras luego de trabajar por más de 35 años se colocaban en las puertas de los supermercados a vender dulces para complementar las míseras pensiones. Pero no lo vieron venir. Las multitudinarias marchas en todo el territorio solo sirvieron para obtener declaraciones, palabras vacías y demagógicas por parte los administradores del poder
El 18 de octubre fue el agotamiento de un pueblo ante tanto abuso.
Fue la última década la que presagiaba lo que se venía. Se había alertado al poder; pero es tanto el nivel de desprecio, de corrupción, de infamia que ignoraron lo que se estaba incubando en el país.
La década partió con las movilizaciones contra Hidroaysén, Magallanes, Aysén, luego Freirina, Tocopilla, Calama. Continuó con el levantamiento del mundo estudiantil universitario que movilizó cientos de miles de estudiantes exigiendo educación pública de calidad y gratuita y, asamblea constituyente. Siguieron las gigantescas marchas de NO+AFP y del movimiento feminista.
Pero, no lo vieron venir.
Ahora que ya cumplimos un año del 18 de octubre. Estamos a punto de acabar con la Constitución del tirano. Chile despertó y exigió derechos sociales, pensiones, salud, educación, agua, vivienda, todos derechos que fueron convertidos en negocios.
A punto de reiniciar una nueva etapa en este aniversario del 18 de octubre, tenemos el tremendo desafío de cambiar las cosas.
Los poderosos y el gobierno nos interpelan a todos para que haya garantías de paz en el país. Mientras interpelan a condenar la violencia, desatan la furia represiva con quienes se movilizan y no cesan en reprimir al pueblo mapuche.
Todos queremos la paz. Pero la paz solo es posible acabando con la injusticia. Y esa demanda de mayor justicia social no la pudieron garantizar ellos en 30 años. Ahora será el soberano, el pueblo el llamado a cambiar las cosas. Mayor unidad, mayor organización y mayor movilización social serán los desafíos para seguir corriendo los cercos que nos han impuesto los que controlan el país.
El pasado domingo conmemoramos un año de la rebelión popular. Y el próximo domingo 25 debemos ganar el plebiscito de entrada, para que al día siguiente sigamos saltando todos los torniquetes que nos han puesto para negarnos el derecho a soñar y el derecho de vivir en paz.
