El mostrador (17 de octubre 2012)
La entrada en escena del Crédito con Aval del Estado (CAE) en 2006 no fue fácil. Principalmente porque luego de que el Congreso aprobara la ley que le dio vida, uno de sus principales actores no mostró mayor interés en participar en el nuevo sistema: la banca.
La reticencia de los bancos obedecía a que, a diferencia de los créditos Corfo, era el Estado quien ponía la tasa de interés del CAE, a lo que se sumaba que los bancos no podían seleccionar la cartera de alumnos ni tampoco pedir garantías extra del aval estatal. En este escenario —en que para las instituciones financieras no era suficiente que el Fisco garantizara las deudas de los estudiantes— se buscó una forma de incentivar a la banca a participar, lo que dio paso a la “recarga”, que consiste en que los bancos financian a los estudiantes con crédito con aval del Estado, pero luego le revenden al Fisco una parte de esos créditos con un sobreprecio.
La fórmula dio millonarios frutos: entre 2006 y 2011, según publicó Ciper Chile , los bancos obtuvieron ganancias gracias a este ítem por la friolera de 150 mil millones de pesos.
Si la entrada de la banca en el negocio del CAE implicó un alto costo para el Estado, los cambios anunciados por el Ministerio de Educación, entre los que se encuentra la salida de la banca del sistema de créditos universitarios, no será gratis.
EL PEOR NEGOCIO
Según estimaciones del economista Andrés Lozano, ex asesor de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ingresa —que administra el CAE— desde las arcas fiscales se desembolsarán unos 857 millones de dólares solamente para cumplir la promesa de rebaja de la tasa de interés del 6 % al 2 % que pagan los más de 350 mil beneficiarios del CAE. Esto, porque la diferencia del 4 % correrá por cuenta del bolsillo estatal.
La cifra la obtuvo en base a diversos datos: una tasa de mora del 40 % del total de beneficiarios del CAE —según el Informe sobre el tema realizado por el Banco Mundial en 2011—, ya que según anunció el Gobierno únicamente se pagará la brecha de la tasa de interés de aquellos alumnos que estén al día. “En aquellos que no pagan debe desembolsar la garantía Estatal, cifra sustancialmente mayor a la estimada para el diferencial de tasas, pero que no cambia con la nueva ley”, explica Lozano.
En suma “ha sido un mal negocio para el Estado con los sobreprecios que se han pagado. Para la banca en cambio, fue un súper buen negocio. Y no tiene que ver con un problema de diseño sino con la falta de cuidado en las licitaciones: en la práctica nunca el Estado se preocupó de definir un precio de reserva a partir del cual decir hasta aquí es lo máximo en sobreprecio que me conviene pagar y de ahí para arriba yo financio”, critican fuentes ligadas al proceso de creación del CAE.
Además del informe del Banco Mundial, para el cálculo se utilizaron también los montos de créditos cursados y comprados, tanto de licitados como de renovantes que aparecen en el Informe de Pasivos Contingentes 2011 de la Dirección de Presupuestos . El economista detalla que “a partir de la información histórica disponible, se proyectó la evolución de cada una de las cohortes. Luego, se generaron los cuadros de pago al 6 % y al 2 % y con ellos se calculó la diferencia en las cuotas. Descartando los créditos ya comprados a los bancos y aquellos de quienes no van a pagar, la suma alzada de estas diferencias asciende a los 857 millones de dólares. En valor presente, descontando al 6 % más la compensación a quienes ya comenzaron a pagar cuotas, el monto sería de 418 millones de dólares”.
En la Comisión Ingresa, tienen sus propios cálculos sobre este costo: estiman una cifra que oscila entre los 500 y los 600 millones de dólares. La diferencia con Lozano radicaría en que, según explican, “la estimación del economista se basa en una diferencia fija entre el 6 % y el 2 %, pero el promedio ponderado de la cartera es menor. En la práctica la tasa de interés de 6 % se cursó solo un año”.
También hay otro punto que jugaría en contra de los recursos estatales y está relacionado con los plazos de pago. Conforme explica Alejandra Contreras, directora Ejecutiva de la Comisión Ingresa, el pago del Fisco en este caso se realizará mes a mes, ya que “opera en conjunto con la cuota del estudiante, por lo que este último tiene que estar al día”.
Esta fórmula, según Lozano, implica seguir despilfarrando recursos de forma innecesaria. Básicamente porque “el Estado se podría ahorrar el pagar una tasa del 6 %, además de los costos administrativos de la medida, ya que puede financiarse a un interés sustancialmente menor y prepagar hoy el total del diferencial de tasas, sin tener que estar compensando cada mes”.
Pero más allá de las fórmulas que se apliquen o no para poder aliviar con esta medida la carga a los endeudados estudiantes, lo cierto es que en la práctica el CAE ha significado una suerte de pozo sin fondo para el Estado, que en este caso deberá seguir desembolsando recursos hasta que el último de los deudores al día cancele su cuota. Es decir al menos por los próximos 25 años.
LA “RECARGA” QUE DESANGRA AL ESTADO
En opinión del sociólogo Alberto Mayol, el pago de los 857 millones de dólares para financiar el cambio del 6 % al 2 %, “nos cuesta una reforma tributaria. Esta es otra etapa del conjunto de procesos en que vimos cómo el CAE significó un enorme desembolso de plata. Recordemos que en 2009 a Chile le costó más plata pagarle a los bancos que lo que habría costado regalarle la carrera a estudiantes”.
Bitar considera que la entrada en escena del CAE “fue una buena decisión, y significó en su momento un avance importante para paliar las posibilidades de acceso a la educación superior de jóvenes de menores ingresos (…) Esto se saca del contexto histórico, porque hace 10 años la gran preocupación era que una gran cantidad de jóvenes no tenía recursos para financiar los estudios. Fue un paso importante, pero son pasos progresivos. Hoy, hay que hacer mucho más, por eso está muy bien el subsidio al crédito y una reforma a la Ley de Acreditación”.
Efectivamente, ese año el Fisco pagó una “recarga” a la banca por UF 4.226.540, cifra que se podría haber traducido en educación gratuita para los 72 mil alumnos que en 2009 obtuvieron el CAE, ya que en 2009 los bancos BCI, Falabella, BancoEstado y Scotiabank entregaron en total UF 4.169.000 para este crédito.
El propio Banco Mundial puso el ojo en el desmedro financiero que ha implicado este sistema para el Fisco y, en un informe que realizó al respecto en 2011, señaló que “en nuestra revisión de la estructura de financiamiento del CAE hemos identificado algunas áreas importantes en las cuales el ambiente de financiamiento parece no estar en equilibrio. Lo anterior debido a que provee al sistema financiero los que parecen rendimientos libres de riesgo, y de manera inversa, requiere que el Estado pague más del valor de mercado por los servicios prestados por el mercado financiero en emitir y cobrar los créditos”.
Asimismo agregaba, que “en suma la estructura total de subasta redunda en incentivos para las entidades financieras que son perversos, ya que éstas se benefician de los peores escenarios posibles para el Estado: altas tasas de mora sobre la nómina de propiedad de los bancos, y una negligencia benigna de la nómina de propiedad del Estado a la que sin embargo, los bancos prestan servicios de administración y cobranza”.
Fuentes que participaron en el nacimiento del Crédito con Aval del Estado, señalan que se optó por la “recarga” para que el Estado, a diferencia de lo que pasaba con los créditos Corfo, fuera quien fijara las tasas de interés. Pero a la larga no fue un buen negocio. Al menos no para los recursos de todos los chilenos.
Las mismas fuentes opinan que “hubo un déficit de gestión pública. He escuchado el argumento, muy malo, que venía de la comisión administradora, de que la ley no permitía al Estado fijar un tope en los porcentajes de la recarga, del que discrepo. No es así. Y en el caso de que así fuera, si estás preocupado de defender los recursos fiscales mandas una indicación al Congreso para cambiarlo, pero jamás se hizo. Esto es una dejación del cuidado de los recursos públicos”.
En suma “ha sido un mal negocio para el Estado con los sobreprecios que se han pagado. Para la banca en cambio, fue un súper buen negocio. Y no tiene que ver con un problema de diseño sino con la falta de cuidado en las licitaciones: en la práctica nunca el Estado se preocupó de definir un precio de reserva a partir del cual decir hasta aquí es lo máximo en sobreprecio que me conviene pagar y de ahí para arriba yo financio”.
El ex ministro de Educación, Sergio Bitar, que era secretario de Estado durante el gobierno de Ricardo Lagos cuando se ideó el CAE, sostiene que “el Estado no debió pagar la recarga. Eso ocurrió cuando se aprobó la ley y yo ya había dejado el Ministerio. Creo que se debió enviar otro proyecto de ley y operar directamente y no estar pagando lo que la banca de manera indebida cobró”.
En todo caso, Bitar considera que la entrada en escena del CAE “fue una buena decisión, y significó en su momento un avance importante para paliar las posibilidades de acceso a la educación superior de jóvenes de menores ingresos (…) Esto se saca del contexto histórico, porque hace 10 años la gran preocupación era que una gran cantidad de jóvenes no tenía recursos para financiar los estudios. Fue un paso importante, pero son pasos progresivos. Hoy hay que hacer mucho más, por eso está muy bien el subsidio al crédito y una reforma a la Ley de Acreditación”.
Al pago que el Fisco deberá realizar a la banca por la disminución de las tasas de interés para los beneficiarios del CAE, se suma lo que Corfo deberá desembolsar para compensar la rebaja de 3,6 puntos en la tasa de interés anual del préstamo a los deudores de los créditos de pregrado entregado por diversas instituciones financieras.
En los próximos 10 años, según consigna La Segunda, esta reducción implicará un costo para Corfo de más de US$ 100 millones de dólares.
