Llamado al sindicalismo internacional a Defender los Sistemas de Pensiones Públicas y Solidarias


Por unanimidad fue aprobada la moción sobre la defensa de los sistema de pensiones públicos y solidarios, presentada por Luis Mesina, secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero, en la 6ª Conferencia Regional de Finanzas de UNI Américas, en esta ocasión realizada en la localidad de La Falda en Córdoba, Argentina.

El llamado que hace al sindicalismo internacional el secretario general de la Confederación Bancaria y vocero nacional de la Coordinadora NO más AFP, organización que ha dado una dura lucha contra el sistema privado de pensiones en nuestro país, es a tomar como ejemplo la dramática situación que vivimos en materia de pensiones las trabajadoras y trabajadores en Chile y lo difícil que es terminar con el sistema de capitalización individual una vez instalado.

Desde la testera del evento, Luis Mesina desarrolló muy claramente dos aspectos en donde las características de su evolución muestran la imposibilidad de que el sistema privado de capitalización individual pueda convertirse en un verdadero sistema de pensiones, estos tópicos son el ahorro y la rentabilidad. Planteando que, bajo el actual modelo económico, la informalidad va en aumento, los salarios disminuyen y cada vez es menor el monto del ahorro porque es menor el número de trabajadores que cotizan mensualmente. Por otra parte, la rentabilidad de los fondos ha ido a la baja desde que se instaló el sistema. Si bien ésta fue muy alta durante la primera década llegando al 12,04%, debido a la privatización de las empresas públicas, en las décadas siguiente ha ido descendiendo, llegando a cifra negativa en lo que llevamos de la década del 2020 (-0,89%).

A la hora de votar, esta moción fue muy bien recibida por los asistentes aprobándola de manera unánime.

A continuación entregamos la moción presentada.

MOCION 6 Respecto de los sistema de Pensiones

Los sistemas de pensiones en el mundo, mayoritariamente sistemas públicos de reparto, solidarios, están siendo objeto de una arremetida por los gobiernos de turno como nunca. Es evidente que esta estrategia corresponde a un plan muy bien diseñado por los organismos multilaterales, donde juegan un rol significativo las compañías.
El predominio la tiene sin duda la clase patronal, que busca apropiarse de una fracción significativa de los salarios de la clase trabajadora y ponerla a disposición del financiamiento de la inversión privada y de la expansión del capital.
El modelo exitoso en esta estrategia, lo constituye el caso chileno, que ya cumple 44 años y ha significado para los y las trabajadoras de ese país la bancarrota en materia de pensiones.
Los sistemas de pensiones atraviesan una nueva etapa de reestructuración y debate, centrada en la aplicación de coberturas públicas y contributivas con sistemas de ahorro individual. La combinación de estos componentes, llamados pilares, son factores determinantes en la estructuración de los sistemas de pensiones.
La pandemia ha puesto de manifiesto las profundas desigualdades y las importantes brechas en la cobertura, la integralidad y la adecuación de la protección social en todos los países. Frente a ello, los países se encuentran en una encrucijada surgida de las tensiones demográficas, los desequilibrios en materia de suficiencia y la importancia crítica de invertir en protección social. Estas tensiones, exigen del movimiento sindical respuestas claras y la defensa irrestricta de ampliar la suficiencia y cobertura de los sistemas de pensiones.
Actualmente numerosos trabajadores y trabajadoras en nuestros países tienen enormes deficiencias en las condiciones de acceso a prestaciones al momento del retiro, así como ingresos extremadamente bajos, muy lejanos a los valores de una canasta básica de subsistencia.
Es necesario también, considerar el cambio tecnológico y las transformaciones en el mercado laboral, que constituyen fenómenos que desplazan generalmente a los trabajadores menos calificados y precarizan sus condiciones de empleo. Específicamente los bajos niveles de formalidad laboral, son una de las perspectivas negativas que a futuro implicarán peores condiciones de acceso a las pensiones. Las nuevas formas de contratación, el empleo autónomo y la uberización limitan el acceso a niveles de cobertura apropiada y prestaciones suficientes para la supervivencia.
Los mecanismos de acceso a las pensiones generan inequidades entre hombres y mujeres. Las desigualdades en la etapa activa condicionan a las mujeres para alcanzar pensiones dignas, lo que se suma a la falta de reconocimiento de su trabajo no renumerado. Visibilizar y ponerle valor a este trabajo que hacen principalmente las mujeres para sostener la vida de la población, es prioritario de incluir en próximas reformas de los sistemas de pensiones.
Las visiones puramente fiscalistas, que se centran en los ajustes de los sistemas, priorizando una reducción del gasto del Estado, conllevan a un retroceso constante de las condiciones pensionarias y jubilatorias, así como a un desmantelamiento de los aspectos fundamentales de la protección social.
La solución a las tensiones demográficas de los sistemas busca ser solucionada por las patronales y la mayoría de los gobiernos, aumentando las exigencias sobre los trabajadores y trabajadoras, extendiendo las edades jubilatorias y restringiendo beneficios.
Esta orientación, impone un deterioro de las condiciones de vida, de la salud, y expone a trabajadores a mayores riesgos en materia de desempleo.
Los sistemas de capitalización individual han demostrado ser completamente ineficientes para garantizar pensiones suficientes y la cobertura bajo estos sistemas ha caído considerablemente, además, terminan obligando al Estado a concurrir con ingentes recursos a subsidiar los sistemas privados de pensiones (caso chileno, el 88% de las pensiones las paga el Estado).
La protección social de los sectores vulnerables y de extrema pobreza, tanto en vejez como en infancia y maternidad, deben ser tomados como base para constituir una prestación básica mínima, sumada a políticas de salud y cobertura frente a las diversas contingencias.
Asimismo, debemos incorporar al debate, el destino y la gestión de los inmensos recursos que administran los fondos de pensiones, propiedad de los trabajadores. Dichos fondos (salario diferido), deben ser puestos al servicio del desarrollo de nuestros países, e invertidos bajo criterios éticos, respeto de los derechos humanos y de preservación ambiental. Para ello, la participación de los trabajadores en su gestión resulta fundamental, eliminando los intermediarios financieros privados.
El movimiento sindical tiene una larga historia de lucha, participación y reivindicaciones respecto a los sistemas de protección social de cada país, habiendo frenado intentos de reforma regresivas para las condiciones de vida de la población.
En este sentido es que proponemos:

    • Defender un sistema de seguridad social basado en la solidaridad y la redistribución, cumpliendo un papel fundamental, para disminuir la brecha de desigualdad.
    • Reivindicamos, el papel fundamental del sindicalismo como sujeto principal e imprescindible para definir los rumbos de la seguridad social, con la participación directa de todos los actores involucrados, como mecanismo principal para crear sistemas de seguridad social justos y sostenibles.
    •  Impulsar mecanismos que aseguren la protección social universal como base para conquistar el derecho humano a la seguridad social como base para alcanzar la justicia social.
    •  Reclamamos la generación de una pensión para la sobrevivencia en condiciones dignas para trabajadores asalariados y no asalariados en retribución justa al aporte de su fuerza laboral que ha contribuido a la generación de riqueza.
    • Defendemos los sistemas de beneficios definidos, obligatorios, universales, públicos y basados en la solidaridad intergeneracional. La incorporación de complementos jubilatorios deberá preservar los valores fundamentales de la seguridad social, tomando como base la creación de fondos colectivos, con administración tripartita y con una orientación de su inversión al servicio del desarrollo de los países.
    • Se hace cada vez más imprescindible financiar los sistemas de pensiones con recursos que no provengan exclusivamente de los aportes de trabajadores y patronos. Es necesario avanzar en reformas tributarias, en especial a aquellas que graven el capital financiero (especulativo).
    • Promover desde el movimiento sindical internacional la defensa de un sistema de protección social que incluya la protección para las poblaciones vulneradas, las mujeres y los trabajadores, sobre la base de impulsar el debate sobre la imponente concentración de recursos que desarrollan las elites mundiales.