Por Luis Mesina
Solo 16 días nos restan para que nuestro pueblo se pronuncie respecto de querer o no querer, acabar con esta Constitución y dar paso a una nueva carta fundamental.
Si bien parece que la inmensa mayoría dará su voto al Apruebo, no es tan claro, más bien difuso, que el nuevo texto que surja después de que la ciudadanía exprese su voluntad, recoja, fidedignamente los contenidos esenciales que la inmensa mayoría viene demandado por años y que estallaron el 18 de octubre pasado.
Y claro, las mayorías que enfrentan las consecuencias de la crisis económica y sanitaria lo hacen abandonados a su propia suerte. El Estado destruyó en 40 años todas las instituciones garantes de seguridad social. Echados a su suerte, sin empleos o con salarios paupérrimos, con pensiones míseras y con un sistema de salud que muestra su precariedad, los habitantes en todo el territorio nacional solo pueden recurrir y confiar en la solidaridad, que espontáneamente brota y surge a borbotones, en los sectores populares.
La solidaridad es un valor cuyo origen se desconoce, tal vez, porque no tiene principio. La solidaridad es consustancial a la persona humana, sin ella, los seres humanos dejan de ser tales, quedan arrojados a su individualidad y ahí, en esa condición, perecen. La solidaridad es la manifestación originaria que hombres y mujeres, desde su estado natural, desarrollaban como conducta. Es lo que ha permitido a las civilizaciones avanzar, desarrollarse. Sin el apoyo de unos a otros, aún no bajaríamos de los árboles.
¿Cuál es la importancia de confrontar la solidaridad como principio, al individualismo? ¿Qué importancia adquiere consagrar en el debate constitucional, este valor como fundamental para construir el nuevo Estado que necesitamos para nuestro país?
Mucho, quizás todo.
Resulta esencial definir principios y valores respecto de lo que se piensa sobre un nuevo Estado. No basta con votar apruebo.
Votar apruebo sin resolver cuestiones de fondo, puede significar una trampa letal para quienes venimos demandando derechos e imaginándonos un nuevo Estado para nuestro país.
Votarán apruebo Lavín, Longueira, Soledad Alvear, Escalona, Eyzaguirre y muchos más. Están en su derecho. Pero, qué tienen en común ellos, que han formado parte de la administración del Estado por treinta años, con aquellos que iniciaron la revuelta en octubre levantando la consigna “no son 30 pesos, sino 30 años”. Nada.
Y si nada tienen en común, entonces resulta esencial, en un proceso constitucional que se nos viene, sincerar las distintas posiciones que van apareciendo.
Aquellos que por años se han cobijado en supuestos valores del liberalismo para refregarnos que la libertad es el valor mayor a resguardar, por encima de cualquier otro, olvidan o esconden, que lo que en realidad persiguen es asociar libertad a propiedad; libertad a mercado; libertad para convertir derechos en negocios.
Por supuesto que la libertad en todas sus dimensiones debe ser garantizada y protegida, al igual que los derechos sociales que permitan igualar las condiciones materiales para que todos los seres humanos puedan desarrollar esa libertad, y no la vean restringida o conculcada porque, derechos anteriores a él, impiden ese ejercicio. Libertad es la capacidad que tiene todo individuo de elegir, por ejemplo, qué opción le parece la más adecuada para su desarrollo personal y el de su entorno, entiéndase la familia en todas sus dimensiones, no solo la que se concibe a partir de un dogma de fe y, si esa capacidad es restringida por otros o, el entorno material económico le impide ese ejercicio, entonces la libertad se convierte en una quimera.
De allí que resulte cardinal abordar este debate sobre derechos. Quienes creen en la existencia de derechos inalienables a la persona humana, de aquellos que creen que la sociedad no debe propender a la garantía de derechos, sino más bien, acentuar el carácter de la libertad individual, puede ser algo en lo que se juegue la próxima constitución política.
No es baladí esta discusión. Si reconocemos que la solidaridad brota a raudales en los sectores populares, de manera espontánea, debemos concluir entonces que esa manifestación humana es consustancial a su existencia, y si lo es, entonces debemos reconocerla y respetarla.
Cómo se entiende entonces que, en medio del debate constitucional, el gobierno y un sector de la oposición encabezados por Letelier y Goic, busquen alcanzar un acuerdo en materia de reforma previsional, sin tocar un solo peso a las AFP, manteniendo intacto la capitalización individual contraria por el vértice a la solidaridad.
Las AFP han pagado muchas encuestas en estos días, las que han concluido que la mayoría de las personas prefieren que cualquier aumento de cotizaciones vaya directamente a sus cuentas individuales y no a solidaridad. Gozan de una cobertura mediática impresionante en todos los canales de televisión abierta. Desesperadamente, persiguen instalar este “contra principio” de la individualidad por sobre la solidaridad. Y tiene sentido para ellos. Mantener la capitalización individual que se funda en el “ráscate por tus propias uñas” contraria a la solidaridad, les permite continuar usufructuando de los derechos más importantes que han convertido en negocios con la mano de la Constitución.
De allí, que el triunfo del Apruebo deba estar íntimamente ligado a discusiones de este tipo, más profundas. Lo que está en juego en la próxima Constitución, además, es quién la escribe y a qué sectores representan quienes sean electos para tal propósito. Por ello, ganar el 25 por una amplia mayoría es el primer desafío. El 26, al otro día, se abre una nueva carrera, consistente en ganar la mayor parte de representantes genuinos de nuestro pueblo que escriban esta nueva carta fundamental.
Nada está resuelto aún. Todo está en juego y aunque el tiempo es breve podemos, si nos lo proponemos, ganar, para ello, unos y otros debemos unirnos y refrendar nuestra voluntad con quien ha sido el generador de este proceso: los millones de chilenos y chilenas a lo largo del país, es a ellos a quienes todos nos debemos.
