En estos momentos, las 220 trabajadoras y trabajadores de la empresa de cobranza Servinco S.A., 146 sindicalizados/as, viven la disyuntiva de mantener sus sueldos rebajados -situación impuesta por la empresa desde junio pasado, cuando se adscribió a la Ley de Protección al empleo-, y perder derechos obtenidos en los contratos colectivos o quedar sin sus puestos de trabajo ante la amenaza de la empresa de declararse en quiebra.
El lunes 6 de septiembre, y ante el término del periodo de excepción, la empresa hizo llegar un escrito a sus “colaboradores”, donde los conmina a aceptar un “Plan de Rescate”, ante “la crisis que atraviesa la empresa”, que contempla mantener los sueldos reducidos en forma permanente (15% cobranza y un 20% ejecutivos), ahora sin la complementación del seguro de cesantía, además de quitarles beneficios ganados en el contrato colectivo, como el Seguro Colectivo de Vida y el Seguro Colectivo Complementario de Salud; bajar en un 20% todos los bonos de carácter esporádicos y de fines especiales que están en el Convenio Colectivo de Trabajo y el reajuste por IPC de este año 2021.
Señalando en la misma carta que todos estos cambios, deberían ser “plasmados en nuevos Contratos individuales de Trabajo y Convenio Colectivo de Trabajo”. A cambio, ofrece la posibilidad incierta de continuar con la fuente de trabajo hasta diciembre y sin ningún compromiso posterior.
Cabe destacar que el promedio de salario en la empresa es de $320.000 para quienes tienen horario parcial y $400.000 para jornada completa.
Frente a este escenario, el sindicato, liderado por las dirigentes Ana Luz Palleras (presidenta), Maria Castro (secretaria), y Liliana Rodríguez (tesorera), plantearon la situación a la asamblea la que resolvió en forma mayoritaria rechazar la propuesta de la empresa. Según nos relata la presidenta del sindicato, «porque no ofrece ninguna seguridad a las y los trabajadores sobre la continuidad de la empresa, pudiendo ésta declararse en quiebra al finalizar el año, dejando a la gente sin recursos del seguro de cesantía y sin indemnización después de tantos años de servicio”. “El problema, explica Ana Luz Palleras, es que estas son empresas de papel, no cuentan con patrimonio, arriendan los espacios… Son empresas tercerizadas que tercerizan a su vez los servicios que usan. Están pensadas así, para defraudar y dejar abandonados a los trabajadores”.
Ante la respuesta de la asamblea, la empresa optó por ir uno por uno ofreciéndoles el nuevo contrato hasta diciembre, aprovechándose del temor a la cesantía de la gente y vulnerando el instrumento de negociación colectiva.
Hoy la directiva está revisando todas las posibilidades para proteger a las trabajadoras y trabajadores perjudicados, evaluando interponer algún recurso legal, pero ven con pesar que las leyes favorecen a la empresa y a sus dueños.
Lo que está ocurriendo con Servinco es el mejor ejemplo del porqué debemos cambiar el Código del Trabajo y volver a instalar los derechos de las y los trabajadores en el país.
