El primer gobierno de Bachelet mostró que cuando quería ganar tiempo, y no resolver un problema, su formula era crear una comisión. Ahora pretende repetir la fórmula para que la ciudadanía se olvide de los escándalos. Esta comisión nace sin legitimidad, por ejemplo, es impresentable nombrar a la pinochetista Olga Feliu, defensora del pedofilo Paul Schäfer y de Colonia Dignidad, en una comisión que se supone debe proponer medidas para impedir la corrupción y el tráfico de influencias.
Al mismo tiempo desde el gobierno tratan de blindar a la Nueva Mayoría impidiendo que se sepa todos los financiamientos «irregulares» de políticos por Soquimich.
Tenemos legitimo derecho a preguntarnos ¿La propia campaña de Bachelet recibió financiamiento de Soquimich? Soquimich es la empresa que controla Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet.
El affaire PENTA inicialmente pareció golpear solamente a la UDI, comprometida totalmente en los escándalos de los aportes ilegales a las campañas de sus senadores y parlamentarios, e incluso para su vida personal. Contra lo que declararon los dirigentes de la UDI en su momento, esos dineros, al menos 30 millones de pesos, en el caso de Longueira fueron para él, además del dinero para su fracasada postulación.
El 7 de marzo la prensa económica informó que la Superintendencia de Banca e Instituciones Financieras en conjunto con el Ministerio de Hacienda, estaba estudiando endurecer la ley de bancos para impedir nuevos casos Penta, y asegurar la probidad de las personas que sean dueñas de los bancos. Lo que llama la atención de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, es que recién ahora se estén preocupando del asunto cuando el tema ya se transformó en un escándalo político y cunde la indignación en la opinión pública. Las acciones de control, las señales legislativas, debieron ser oportunas y tal vez se hubiera evitado que se produjeran los casos ahora conocidos de falta de probidad, financiamiento irregular de políticos, corrupción y cohecho de funcionarios públicos para evadir impuestos.
Lo que parecen esfuerzos para evitar el conocimiento de los casos de políticos corruptos, financiados irregularmente por Soquimich causa indignación. A Soquimich, la empresa de Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet, la investigación de la Fiscalía llegó desde Penta. Los ciudadanos podemos sospechar ahora que tanto la Nueva Mayoría como la Alianza, incluida la propia campaña electoral de Michelle Bachelet fueron financiadas ilegalmente por esta gran empresa. De hecho ya ha trascendido el nombre del senador Fulvio Rossi, en esta nueva arista del escándalo de corrupción.
Los intentos de acotar el daño, nombrando comisiones para chutear el problema hacia adelante y evitar que se realice una investigación no hacen otra cosa que agravar la profunda crisis de credibilidad del congreso, la casta política chilena, y de la propia Bachelet, directamente golpeada por el escándalo de su hijo Sebastian Dávalos, quien recibió de Luksic un crédito multi millonario e irregular para realizar una operación de especulación de terrenos.
Las instituciones, ahora tan desprestigiadas, fueron herencia de la salida negociada de la dictadura para garantizar que la impunidad permanecieran y el modelo económico se legitimara y profundizara, como efectivamente ocurrió durante los siguientes gobiernos civiles hasta ahora. Así nos olvidamos de castigar no solamente al grueso de los responsables de la tortura y los asesinatos políticos, sino también a los que se enriquecieron ilícitamente con información privilegiada y la venta a precio ruin de las empresas del estado durante la dictadura.
La comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Penta en su relación de financiamiento “irregular” con políticos, citó a dar su testimonio a varias personas. A pesar de que a esta cita estaban invitados los administradores electorales de Ena von Baer, Iván Moreira, Laurence Golborne, Evelyn Matthei y Michelle Bachelet, ninguno asistió a la comisión.
El lunes pasado, representantes del área legal de Soquimich habían anunciado la entrega voluntaria de la documentación requerida para evitar un allanamiento. Pero el miércoles 11 de marzo el ahora desvinculado Patricio Contesse, ex gerente general de la empresa, presentó un recurso legal para impedir investigaciones de la Fiscalía. El abogado que presentó el recurso para blindar a Soquimich fue el PPD Samuel Donoso, cercano a Guido Guirardi. Esto marcó un giro total de la anterior posición de la compañía que había anunciado la entrega voluntaria de la documentación a la Fiscalía que investiga.
Los analistas ven en esto una operación desde La Moneda, que involucra a Michelle Bachelet, ya que la máxima autoridad del SII, que depende de la presidencia de la república, debería haber presentado una querella contra Soquimich para permitir investigar a la Fiscalía. Pero el SII se niega a hacerlo, de esta manera pretenden que la verdad no se sepa, y los culpables queden sin dar cuenta de sus responsabilidades.
En el mismo sentido, la salida de Paula Walker de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y su traslado a tareas de “investigaciones” en el segundo piso de la Moneda, para ser reemplazada por Carlos Correa Bau, quien era gerente de Imaginacción, la empresa que se encarga de lobby a favor de grandes empresas y propiedad de su padre, el PS Enrique Correa. Soquimich es cliente de Imaginacción. Este cambio es una señal bastante clara de los esfuerzos del gobierno para controlar daños, e impedir que esta nueva arista del affaire de corrupción política se conozca e investigue.
Hay que recordar que Michelle Bachelet, fue una figura providencial para la Concertación, coalición tan desprestigiada que tuvo que mudar su nombre a Nueva Mayoría e incorporar al Partido Comunista al gobierno para presentar una cara renovada. Sin embargo fue elegida presidenta con una votación de poco más del 20% de los electores potenciales. Así que aunque La Moneda trata de ganar tiempo, y la psicosis invade a muchos parlamentarios temerosos que le descubran sus trapitos sucios, esto parece una jugada desesperada y lo único que está consiguiendo el gobierno y la Nueva Mayoría es más exposición de la figura de Bachelet y del parlamento.
Ganando tiempo SQM y los involucrados en los delitos de evasión tributaria y en el pago a políticos esperan alcanzar el próximo abril la prescripción judicial para la investigación de delitos tributarios del año 2009.
Finalmente, contra lo que había anunciado días antes, el directorio de SQM resolvió no entregar los antecedentes solicitados por la Fiscalía Nacional en el marco del denominado caso Penta, y en cambio le entregó voluntariamente los documentos al SII, después de la oferta de este servicio de dar una salida por vía administrativa, lo que podría implicar el pago de los impuestos evadidos y multas, salvándose del proceso judicial. Al tiempo que los muchos políticos comprometidos de la derecha y la Nueva Mayoría evitarían aparecer públicamente en el escándalo.
Necesitamos poner fin a esta espiral de escándalos de corrupción, y para eso hay que terminar con la institucionalidad descompuesta. Solamente una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución Democrática puede terminar con la creciente corrupción que se percibe en todas las instituciones de Chile.
Por Patricio Guzmán S.
