1. Los Fondos de Pensiones de las AFP tienen acciones por el 24% de La Polar. De manera que la pérdida que experimentarán esos fondos, de propiedad de los trabajadores será irrecuperable y se reflejaran en la caída, una vez más, de los ahorros previsionales de millones de trabajadores.
2. El desplome de las acciones de La Polar se produce después de que el Directorio reconoció las prácticas fraudulentas que realizaban, desde repactaciones no consentidas de deudas morosas, lo que en la práctica eran pérdidas por créditos incobrables y un amplio maquillaje de los estados financieros.
3. Con el dinero de todos los trabajadores chilenos, depositados a través del ahorro forzoso que mes a mes se efectúa a las AFP, los directorios especulan en las bolsas y ponen en riesgo los montos de nuestras pensiones futuras. El dinero que pertenece a los trabajadores les sirve a unos pocos para controlar empresas, nombrar directorios (que siempre son los mismos, jamás trabajadores) y hacer ganancias indebidas.
4. Entre los objetivos que perseguía este fraude contra los trabajadores, estaba ocultar la cartera vencida, repactarla a espaldas de los clientes a montos gigantescos y con ello hacer aparecer a La Polar con utilidades. ¿Para qué? Para otorgarse un bono millonario de 460 millones de pesos entre 7 ejecutivos de la Polar. Además, alguno de estos directores lo son al mismo tiempo de las AFP y estaban supuestamente ahí para cautelar nuestros intereses y no para enriquecerse ilícitamente, como lo hicieron en efecto.
5. El Ministro de Hacienda, Larraín, ha sostenido frente a la prensa que con la información disponible a esa fecha los efectos eran limitados y no ponían en riesgo la solvencia o la liquidez del mercado de capitales o de la banca, la seguridad de los fondos de pensiones, ni el normal funcionamiento del sistema de pagos. Las declaraciones del ministro, además de improcedentes falsean la realidad, pues los únicos que han perdido, una vez más son los trabajadores, como quedó demostrado con la caída de precios de acciones en la bolsa, especialmente de los otros grupos del retailer.
6. Todavía no hay datos fidedignos sobre el estado verdadero de la cartera de créditos de la multitienda. Lo que hay que preguntarse ahora es si La Polar realmente se trata de un caso acotado en una empresa, o si tal vez estamos frente a la punta del iceberg de un sistema construido sobre la usura, que ha exprimido a sus clientes y acumulado créditos incobrables, pero enmascarados detrás de mecanismos contables que los hacen aparecer como sanos. Estaríamos en ese caso frente a una burbuja que afectaría al conjunto de la industria del retailer. Como el negocio financiero está en el corazón de esta industria, mediante sus préstamos a través de las tarjetas de crédito y la venta de todo tipo de artículos que sirve de excusa para vender créditos, estamos en los hechos frente a una segunda banca en el país, pero todavía más desregulada que la tradicional.
7. El Superintendente debió tomar medidas para controlar el negocio de las tarjetas de crédito, el nivel de riesgo y de prácticas contables asociadas. Nos parece inaceptable que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras no controle el riesgo de la cartera de deudores de una industria que ha instalado millones de tarjetas de crédito entre las familias trabajadoras chilenas. Esta falta de regulación y control es la que explica el extendido temor sobre el estado de las otras cadenas del retail, y la preocupación de que este problema, hasta ahora focalizado, trascienda en un desastre sistémico que afecte al conjunto del sistema financiero, arrastrando tras de sí a la economía en su conjunto.
8. Una vez más, reiteramos nuestro total repudio a este sistema de ahorro forzoso de las AFP, que ha demostrado en el tiempo ser incapaz de garantizar pensiones dignas y justas a los millones de chilenos que obligados han aportado mensualmente millones de pesos enriqueciendo sólo a los propietarios de las AFP y empobreciendo a los verdaderos dueños de los fondos de pensiones.
Por lo anterior, rechazamos la usura legalizada del retailer contra la ciudadanía, y reivindicamos un sistema de seguridad social totalmente diferente al actual, donde el lucro esté fuera de cualquier consideración y donde el Estado asuma el rol de garante de la protección de sus ciudadanos poniendo fin a la incursión de la iniciativa privada en esta materia, pues ha demostrado en estos años que sus fines son abiertamente contrarios a los intereses y bienestar de los trabajadores.
EL DIRECTORIO
