El nuevo estallido que se avecina


Columna de Opinión de
Miguel Alderete Pons
Dirigente Sindicato Nº1 Bco Santander, y Director de la Confederación Bancaria y Afines

Por años, los trabajadores chilenos venimos sufriendo el total desprecio de la clase política, que, subyugada a los financistas de sus campañas, convirtieron a nuestro país en uno de los más desiguales y corruptos del planeta. Las elecciones son un mero trámite amnésico para muchos y así se repiten uno tras otro los garantes del modelo neoliberal chileno. Entre tantas promesas de campaña: “igualdad para todos”, “emparejar la cancha” o “tiempos mejores” la muy estresada y enferma sociedad chilena fue incubando una bronca, que terminó por reventar el pasado 18 de octubre.
Solo faltaba encender la mecha; y así nomás fue.

El ex ministro de Hacienda Felipe Larraín en visita a un hogar de ancianos los invitó a “rezar para solucionar la guerra comercial entre China y EE. UU” que, invariablemente afectaba a nuestro país con los ingresos por la venta del cobre. Más tarde, el mismo Larraín aconsejó a los románticos “comprar flores ya que éstas habían bajado su precio”. “Los pacientes siempre quieren ir temprano al consultorio, porque no sólo van al médico, sino también a hacer vida social” máxima del ex subsecretario de Redes asistenciales Luis Castillo. Su desatino le costó su cargo.

Finalmente, los mal llamados “panel de expertos”, acordaron destempladamente un aumento de $30 en el valor del pasaje del Metro, Tren Central y buses Red, a partir del domingo 6 de octubre de 2019. El malestar se generalizó por la capital, y mucha gente comenzó a evadir. Ante el descontento popular, el mismo presidente de ese “panel de expertos” Juan Enrique Coeymans criticó a ese tipo de manifestaciones, asegurando que existe un manejo político. “Cuando suben los tomates o el pan nadie hace ninguna protesta”, sostuvo. En el mismo contexto, el ex ministro de Economía Juan Andrés Fontaine invitó a los capitalinos a “levantarse más temprano, y así poder acceder a una tarifa más baja”.

Fue así, como miles de estudiantes se atrevieron a evadir masivamente el pasaje del Metro, con consignas como, “evadir no pagar, otra forma de luchar”, que luego se hizo eco en toda la capital. “Estamos representado a nuestros padres que no lo pueden hacer por miedo a perder sus trabajos”, era la consigna.

El movimiento y las protestas se tomaron las calles de Chile, dejando como saldo 31 muertos, 445 denuncias por daño ocular en todo el país, más de 5.500 denuncias por violación de los Derechos Humanos, más de 10.000 personas privadas de su libertad y por estallido o perdida ocular 34 personas.

En medio del estallido social, el 15 de noviembre tras maratónica jornada en el Congreso se logró un “histórico acuerdo” para la redacción de una nueva Constitución. No pasó mucho tiempo, para que Andrés Allamand, uno de los precursores del rechazo a una nueva Carta Fundamental, develara sus reales intenciones de sólo reformar para no cambiar nada. Un pequeño ejemplo, fue sacar de contexto, palabras de Luis Mesina, quien señaló en un foro, una vez ganada la votación por convención Constituyente se cierra el Congreso. Allamand ardió.

Y el enemigo implacable que no respeta a nadie (¿será el gobierno?)

El virus Covid19 ha dejado al descubierto – una vez más – la cara más vil y siniestra del gobierno, la cual no solo se ve reflejada en el errado manejo de la pandemia, donde se alteraron cifras indiscriminadamente y se rechazaron opiniones de personal competente, sino que también en las medidas que ha tomado contra las y los trabajadores.

En materia laboral se informa la Ley 21.227 o Ley de Protección al Empleo, siendo esta aplicable cuando la autoridad sanitaria decreta cuarentena y con ello, la paralización total o parcial de las faenas. Sin embargo, el espíritu de esta Ley no se cumple, toda vez se ha disparado el porcentaje de despidos elevando a 2 dígitos la cifra de cesantía; y, por otra parte, los ingresos de los trabajadores se suspenden por la vía del seguro de cesantía, esto es, con los mismos fondos de los trabajadores, excluyendo a los empleadores de su responsabilidad. Inicialmente esa ley estaba destinada como un beneficio a las Pymes, para suspender el contrato de sus trabajadores hasta por 6 meses y por esa vía cobrar su seguro de cesantía (a quienes o tuvieran), y así compensar el no pago de remuneraciones. Pero hemos visto a algunas grandes empresas como Cencosud que han hecho uso indiscriminado de ella, a sabiendas que pocos días antes, habían repartido utilidades millonarias a sus accionistas.

Sumado a lo anterior, el gobierno ha tomado medidas muy erradas, no para prevenir; sino más bien, para hacer frente a los hechos, ante la dramática realidad que se expande por todo el territorio, con una larga lista de fallecidos. Como medidas paliativas, se han tratado de implementar iniciativas en el Congreso que vayan en ayuda de los trabajadores. Ante el grave daño de la pandemia a los escuálidos bolsillos de las familias chilenas, se abrió un debate por el retiro del 10% de los fondos previsionales de los trabajadores, apelando al derecho a la propiedad consagrado en la Carta Magna. Esta, tomó todavía más fuerza con la presentación de una reforma Constitucional y un proyecto de Ley presentado por la bancada de diputados del PPD.

Otra iniciativa es el post natal de emergencia, cuya finalidad es extenderlo, durante la crisis sanitaria, o bien sea el postnatal parental, para así proteger al recién nacido y su familia, frente al contagio del virus. Pero estas medidas no solo han contado con la negativa de gobierno, sino que también han venido acompañadas de frases indignantes y provocadoras.

La ministra del Trabajo y Previsión, María José Zaldívar, es contraria a la extensión del fuero maternal de emergencia, pues indica que va en beneficio sólo de 22.000 mujeres, sobre todo las de rentas altas que hoy tienen con quien dejar a sus hijos mientras trabajan, debido al cierre de salas cunas y jardines infantiles, olvidándose del resto. Más descarados fueron los votos de la “oposición” Juan Pablo Letelier (PS), Carolina Goic y Jorge Pizarro (DC) y Jaime Quintana (PPD) quienes se cuadraron con el gobierno, negando el beneficio a cientos de miles de mujeres.

La misma Zaldívar, sobre el pago del fondo de cesantía, dijo que “son de los trabajadores pero que no han sido ahorrados por ellos”. Por otra parte, luego del fallo de la corte de Apelaciones de Antofagasta que ordenó a AFP Cuprum la entrega del total de los fondos de la profesora María Angelica Ojeda, le correspondió el turno a Pedro Pizarro, subsecretario de Previsión Social señalando: “las personas que tienen plata en las AFP, no son las que tienen una necesidad mayor hoy…”.

Pero faltaba otra más del senador RN, Andrés Allamand, que sin ningún pudor señaló “cómo le vamos a estar regalando plata a personas que no lo necesitan”. Por último, entró al debate, el presidente de la Cámara de la Producción y Comercio Juan Sutil, en una intromisión propia de un patrón de fundo, mostró tenaz oposición a la idea del retiro de fondos de las AFP: “son un bien sagrado“. ¿Habría que preguntarse, para quién?