Con mucha masividad y decisión se dio inicio a la huelga nacional de Banco Ripley. There’s a cell to add new cells to the end, a cell that performs something like mitosis, and https://trymobilespy.com/parental-control-android/ a cell that destroys all of its children cells. En Santiago, cientos de trabajadores se tomaron las oficina de la casa matriz ubicada en Huérfanos 1060, manteniendo ocupadas las dependencias por varias horas. Esta Huelga ha tenido una concurrida participación, en el sur las oficinas se hallan paralizadas en un 100%, al igual que en las grandes ciudades del norte. El movimiento se inicia con mucha fuerza luego que el banco declara “inviable “ el petitorio de los trabajadores cuando es de público conocimiento las altas utilidades que han obtenido los últimos tres años. La empresa pertenece a la familia Calderón -la misma propietaria de Johnson’s-, reconocidos por sus malas prácticas y abusos a los trabajadores tanto en Chile como en el extranjero. La primera jornada de huelga concluyó con mucho ánimo entre los trabajadores, convencidos de la justeza de su petitorio, que contempla aumentos reales en los sueldos tanto de los fijos como en los de renta variable, pidiendo un reajuste de un 8% para las rentas entre 200 mil y 500 mil pesos y un aumento en los bonos de locomoción y colación que sea mayor al ofrecido por la empresa, que consiste en apenas 2 mil pesos. [youtube]http://youtu. be/I9gR4HJ8YCM[/youtube]
Se reproduce artículo publicado en el portal del Servicios de Impuestos Internos, sobre la denuncia por evasión tributaria presentada contra los dueños de Johnson’s.
- Perjuicio fiscal se estima inicialmente en 12. 200 millones de pesos.
- Fiscalización fue realizada por especialistas de la Dirección de Grandes Contribuyentes del organismo.
Santiago, 6 de Mayo de 2014
El Servicio de Impuestos Internos confirmó hoy que presentó en la Fiscalía Oriente del Ministerio Público una denuncia en contra de los hermanos Maxo y Alberto Calderón Crispín, ex controladores de la empresa Johnson’s y ligados a la propiedad de Ripley, para que se les investigue como presuntos autores de delito tributario cometido mediante el uso irregular del beneficio del artículo 14 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objetivo de evitar el pago del impuesto correspondiente a la enajenación de 387 millones de acciones de Ripley, generando un perjuicio fiscal estimado inicialmente en $12 mil 200 millones. La denuncia, dirigida en contra de las personas indicadas y de quienes resulten responsables, fue presentada en la Fiscalía el 28 de abril pasado, con el objeto que se investigue la comisión de los delitos previstos y sancionados en el inciso 1, del N°4, del artículo 97 del Código Tributario, norma que sanciona, entre otras conductas, la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto. El caso surgió de una fiscalización efectuada por la Dirección de Grandes Contribuyentes del SII, procedimiento en el cual se determinó la existencia de antecedentes relacionados con hechos que revisten el carácter de delito tributario, razón por la cual, previa recopilación de antecedentes adicionales y evaluación por parte de la Subdirección Jurídica del Servicio, se decidió presentar la denuncia formal. La auditoría especializada del SII dio cuenta de la existencia de operaciones de reorganización empresarial sin una razón de negocios y la constitución de sociedades instrumentales (con un capital inicial de sólo 100 mil pesos), para acogerlas a los beneficios del régimen de tributación simplificada del artículo 14 bis y recibir a través de ellas el mayor valor generado por la venta de 387 millones de acciones de la empresa Ripley Corp SA, acciones que se habrían efectuado con el único fin de burlar el Impuesto a la Renta que generaría la operación. De acuerdo a las primeras estimaciones, el perjuicio fiscal producido por estas acciones ilícitas alcanza a un monto inicial de $12. 292 millones, cifra que podría elevarse en la medida de que avance la investigación judicial. Cabe señalar que en la actualidad el Servicio se encuentra tramitando más de 540 causas criminales por delitos tributarios a nivel nacional, que involucran un perjuicio fiscal superior a los $156 mil millones. .
