El 4 de julio se dio formalmente inicio a la Convención Constitucional, nombre dado al proceso constituyente abierto por la revuelta y estallido del 18 de octubre de 2019. Paralelamente se lleva a efecto el proceso electoral, previsto para el mes de noviembre que deberá elegir nuevas autoridades: presidente, senadores y diputados.
La disyuntiva es que la convención es parte del poder constituyente que el pueblo en su mayoría demandó en las movilizaciones que pusieron en jaque al régimen político y económico del país y cuyo objetivo es redactar una nueva Constitución Política. En cambio, el proceso electoral que culmina en noviembre con nuevas autoridades, responde al poder constituido, que se rige por la Constitución espuria de Pinochet que las mayorías repudian.
Esa contradicción es la que está en juego hoy.
La pugna de lo viejo que se resiste a morir y que ha significado para el país 48 años de profundas desigualdades sociales y la instalación de un régimen político que ha privilegiado los intereses de la oligarquía ubicando a Chile con las tasas más altas de concentración de la propiedad y de la riqueza, cuyas consecuencias muestran al país como uno de los más desiguales de la región y son la causa primera del estallido de octubre pasado.
Lo nuevo, lo que está naciendo, lo representan las y los delegados de la convención constitucional, que en un porcentaje relevante provienen de organizaciones de base, vinculadas a los movimientos sociales, pueblos originarios, ambientalistas, etc., y que, en un porcentaje importante, surgen por fuera de los partidos políticos tradicionales.
Una característica peculiar del proceso chileno abierto con la revuelta de octubre y que se inscribe en un escenario similar al que ocurre en muchos países, es que ésta careció de una dirección política tradicional. Fueron los movimientos sociales, con sus debilidades propias en un país que jurídica y políticamente se ha encargado de diezmarlo, el que se alzó de la mano de miles que espontánea e inorgánicamente salieron a demandar justicia. Esa fuerza social incontrolable tiene ventajas en la lucha contra las instituciones del Estado, pues no existen mediaciones ni intermediarios, la lucha es directa. Al no estar los partidos políticos que, por su naturaleza, siempre juegan un rol orientador y al mismo tiempo componedor de las luchas sociales, al no estar la Iglesia Católica, institución característica de la mediación, la lucha se tornó mucho más genuina, más intensa y a veces, más radical. Sin embargo, lo que es una fortaleza, al mismo tiempo se convierte en una debilidad, pues, careciendo de dirección, no hay quien ordene y jerarquice las legítimas demandas, tampoco, quien conduzca tras un objetivo preciso y concreto esa tremenda fuerza social que despliegan los millones movilizados. La falta de una dirección es la gran debilidad a sortear en el corto plazo que tienen las organizaciones sociales en el nuevo escenario abierto en Chile, más aún, si la disputa entre el poder constituido y el poder constituyente irá creciendo en conflictividad, pues se expresarán en su seno los diversos intereses de clases que representan los distintos constituyentes.
Al mismo tiempo, si observamos que los problemas fundamentales que se expresan en la sociedad corresponden a los conflictos históricos entre capital y trabajo, preocupa el que en el proceso constituyente no hayan representantes genuinos del mundo laboral defendiendo esos intereses, pues, siendo absolutamente legítimas las demandas de los pueblos originarios, del movimiento feminista, del movimiento ambientalista, la pugna en el seno del capitalismo sigue siendo el trabajo y sus referentes principales, cuestión que debiera ser lo central en este proceso.
El desafió del mundo del trabajo, sindicatos, sindicalistas, abogados laboralistas en esta etapa histórica que vive el país es no solo instalar las reivindicaciones económicas y sociales más urgentes, sino que, reinstalar desde el trabajo la propuesta de un nuevo Estado, lo que supone deliberar sin complejos la superación de la sociedad actual fundada en la defensa irrestricta de la propiedad privada que conculca derechos históricos a quienes son los verdaderos generadores de la riqueza: los y las trabajadoras.
Chile enfrenta una gran disyuntiva, o efectúa los cambios necesarios que otorguen igualdad y justicia social a los y las trabajadoras, o cede a la presión de los grandes empresarios, aparentando cambiar las cosas para que, en lo principal, todo siga absolutamente igual.
Por Luis Mesina Marín, Secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Mundo Financiero.
