Este miércoles, la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero (CSTEBA) inició una campaña internacional para exigir la liberación de las personas que se encuentran detenidas por hechos que ocurrieron durante la revuelta popular de octubre del año pasado. La iniciativa fue anunciada en una conferencia de prensa en conjunto con familiares de presos políticos.
En la instancia, la CSTEBA expresó su apoyo a los familiares de los detenidos, que en algunos casos han pasado más de un año en prisión preventiva. En la misma, línea, nuestra organización sindical llamó a aprobar el proyecto de indulto general que busca la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda por hechos acontecidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020.
«Estamos extremadamente preocupados por la situación que están viviendo todos los jóvenes que se encuentran privados de libertad a raíz de la explosión social del 18 de octubre. Es en esta razón, que nosotros como Confederación Bancaria hemos iniciado una intensa campaña internacional para exigir la liberación de todos los presos políticos que han tenido prisión política por más de un año vulnerando todo su estado de derecho», señaló el director nacional de la Confederación Bancaria, Pablo Hidalgo.
Nuestra presidenta Pamela Henríquez, por su parte, leyó la declaración pública que emitió la CSTEBA con respecto a la situación que viven los presos políticos y afirmó que el proyecto de indulto general “cobra urgencia ante los acontecimientos traumáticos que ha vivido el país en este último año. Las familias de los detenidos no pueden esperar más por la libertad de sus seres queridos, ni el país tampoco”.
«Nosotros venimos a pedir la cooperación de todos por el indulto general por la liberación de nuestros presos políticos. Sabemos que el Estado nos está castigando por pedir un poco más de dignidad. Los chicos llevan más de un año presos», sostuvo María Marchant, madre y hermana de presos políticos de la revuelta.
En la misma línea, Verónica Verdugo, madre de Nicolás Ríos, el joven que fue secuestrado en enero en el Cerro Huelén, dijo que «la prisión política tiene una salida política, porque el gobierno es causante del estallido social, al no dar respuesta a las demandas de miles de chilenos que salimos a la plaza dignidad a exigir sueldos dignos, pensiones dignas, salud digna y vivienda digna. Esas son nuestras demandas sociales que no han tenido respuestas hasta el día de hoy«.
Por su parte, el secretario general de CSTEBA, Luis Mesina, señaló que esta situación «nos interpela a no solamente declarar nuestra solidaridad sino que a llevar adelante acciones que permitan poner fin a esta injusticia que ha caído durante tanto tiempo sobre nuestro pueblo. El gobierno de Sebastián Piñera no solo ha sido incapaz de garantizar derechos fundamentales a las personas en un proceso de pandemia, confinándonos, y particularmente a los sectores vulnerables, manteniéndolos en la ruina, sino que además es un gobierno intransigente e incapaz de dar soluciones políticas».
«Nosotros nos sumamos a la petición de liberación inmediata, pero, además, damos inicio a una campaña internacional con nuestros hermanos sindicalistas de la región de América Latina, pero también de Europa para que el mundo sepa lo que está ocurriendo en nuestro país«, agregó.
