Por Luis Mesina
Estos últimos días vuelve a capturar la agenda pública el tema de las pensiones. Dos cuestiones forman parte del debate: el segundo retiro del 10% y la reforma previsional.
Respecto del primer tema impresiona que el gran empresariado y el gobierno, aunque expresen de la boca para afuera que no apoyan un segundo retiro, la verdad es que parecen satisfechos con una iniciativa como esta. Quedó demostrado con el primero, no se incendió Chile y tampoco se hundió el país como presagiaban los autodenominados especialistas. Los más de 15 mil millones de dólares puestos en las manos de los y las trabajadoras son mucho más eficientes que en las manos de quienes gobiernan, al punto que dicha medida reactivadora permitió detener la fuerte caída del PIB chileno. Al mismo tiempo, gran parte de esos recursos en manos de los trabajadores fueron destinados directamente al consumo y al pago de deuda, con lo cual los grandes dueños del retail y del sistema financiero también se vieron beneficiados al capturar una parte significativa de esos recursos.
Extraña mucho eso si, que quienes promuevan estas iniciativas no se pronuncien categóricamente contra el sistema de ahorro forzoso que condena a millones a una vejez miserable, pues si se trata de ayudar verdaderamente a los sectores más desposeídos del país, lo lógico es apuntar a las cuestiones de fondo y no solo promover políticas que transfieren la crisis a los y las trabajadoras.
La segunda cuestión es la reforma previsional. Desde el 2015 bajo el gobierno de Bachelet se viene debatiendo sobre el particular. ¿Quiénes son los más interesados en una verdadera reforma al actual sistema de pensiones? Por supuesto que los y las trabajadoras de este país que por más de cuatro años se han movilizado por terminar con el sistema de cuentas individuales.
¿Por qué tanto apuro ahora? La derecha y un sector de la ex NM han centrado el debate en torno al destino que debiera tomar el mayor aporte del 6%. La derecha, con Van Rysselberghe, Cruz-Coke y Torrealba proponen no solo mantener el 10% en manos de las AFP, sino que plantean que el 6% de nueva cotización vaya íntegramente a capitalización, es decir, más ahorro de los trabajadores destinado a inyectar recursos al mercado de capitales. Por otra parte, algunos senadores de la ex NM, como Letelier y Goic, plantean que el 6% vaya íntegramente a un sistema solidario, que permitiría mejorar las pensiones en especial, a quienes hayan cotizado sobre 30 años. El gobierno plantea una propuesta intermedia, un 3% a cuentas individuales y otro 3% a “solidaridad”. Tanto la derecha como el gobierno, no tienen una propuesta alternativa, su propuesta es el actual sistema, vale decir la “capitalización individual”.
Ahora bien, el gobierno, la derecha y los senadores Letelier y Goic no tocan a las AFP, las dejan administrando los más de 200 mil millones de dólares que seguirán financiando a los grandes grupos económicos.
Se ve difícil que las mayorías que por años han demandado soluciones logren una reforma en este periodo mejore el miserable nivel de las pensiones actuales. El interés que hay detrás de este gigantesco botín impide que sea destinado al pago de pensiones, pues en realidad se persiste en beneficiar al mercado de capitales, entiéndase bien quienes se benefician con ello, las compañías de seguros que son las dueñas de las AFP, las propias AFP, los bancos, el gran comercio y el retail.
De allí que no sea posible entender que estando justo a 30 días del plebiscito que cambiará la constitución política del dictador, los que promueven el apruebo no se pronuncien sobre el cambio del sistema.
Tampoco debiera sorprender que muchos que promueven el apruebo, son parte del problema y no de las soluciones. Quienes por años se han resistido a generar espacios de participación permitiendo que la democracia se consolidara como un régimen de participación ciudadana y no como un mecanismo de perpetuación de un modelo económico y social que a 30 años muestra indicadores de obscena desigualdad no pueden hoy, erigirse como los representantes del pueblo.
A 30 días se requiere un esfuerzo mayor por apurar el tranco. Los ciudadanos, los trabajadores que hicieron posible que haya un proceso constitucional están quedando de lado. La concentración del proceso constitucional, solo en manos de los partidos actuales genera desincentivos y frustraciones. El mundo independiente que es la mayoría necesita participar, no desea, no quiere delegar su representación en figuras que se han desempolvados para venir a remozar un sistema para salvarlo en circunstancias que lo que se requiere es transformarlo.
Fue el pueblo el que demandó Asamblea Constituyente Soberana en las calles desde octubre en adelante. El poder institucional se lo escamoteó y propuso Convención Constitucional. Como todos los procesos políticos en donde está en juego el poder, estos no se desarrollan de manera evolutiva, lineal. Son procesos en que las correlaciones juegan un rol determinante, son procesos a saltos, dinámicos, en que se puede ganar o se puede perder.
Todo está en juego. En 30 días más, quizá por primera vez comenzaremos a reescribir nuestra historia ¿De qué depende, de que seamos los que abrimos esta
oportunidad los que reescribamos la historia? Solo de nosotros, con mayor voluntad, más convicción, menos sectarismos, menos dogmatismo. No podemos farrearnos la historia, las futuras generaciones no lo perdonarían.
