40 horas: Proyecto beneficiará más al empresariado que a las y los trabajadores


El 2017, cuando las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo presentaron el proyecto de reducción de la jornada a 40 horas, se vio como algo auspicioso, que nos acercaba a esta histórica demanda para el mundo del trabajo. Este proyecto que solo requería una modificación en el número de horas trabajadas semanalmente se ha ido transformando durante su tramitación en un peligroso caballo de Troya, que oculta una batería de medidas que flexibilizarán aún más la relación laboral en nuestro país en perjuicio de las y los trabajadores. Por ello, sorprende la euforia mostrada por ministras del gobierno y algunos congresistas respecto de este proyecto, pues en la medida que se analiza se descubre que lo sustantivo del proyecto, está lejos de representar mejoras para el mundo del trabajo, cuestión que especialistas y sindicalistas han comenzado a advertir.

El proyecto de ley conocido como “40 horas” durmió en el Congreso hasta que asumió el presidente Gabriel Boric, quien, al elevarlo al rango de asunto prioritario en agosto de 2022 reimpulsó su tramitación en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado. Instancia que nuevamente trabó su tramitación hasta el 25 de enero de este año, cuando las autoridades del Ministerio del Trabajo aceptaron ingresar las indicaciones propuestas por Chile Vamos, en representación del empresariado nacional.

Cabe recordar que el principal objetivo del proyecto era reducir el límite máximo de jornada ordinaria de 45 a 40 horas semanales; pero, el texto actual del proyecto introduce una serie de modificaciones al Código del Trabajo relativas a la jornada de trabajo, que en algunos casos representan un peligroso retroceso en los derechos laborales, especificamente, aumentando la flexibilización e intensificación del trabajo; el no pago de horas extras; asi como la implementación del quiebre de la jornada en diversas áreas de la economía. Medidas que descansan sobre el “falso supuesto” de que es posible un pacto individual entre empleador y trabajador/a, desconociendo la desigualdad de poder intrínseca de la relación laboral, particularmente donde no hay sindicato; y donde lo hay, es evidente su debilitado poder de negociación.

Otra falencia grave del proyecto es que renuncia a la vocación de “universalidad” que debe tener la ley en orden a beneficiar a todos de forma general, y en algunos casos retrocede en derechos que hoy no son negociables. Un ejemplo de esta situación es que, si bien reduce el listado de trabajadores excluidos de plano del límite de jornada, se mantiene la exclusión de aquellas trabajadoras y trabajadores que laboren “sin fiscalización superior inmediata” bajo el Art. 22, inciso 2º, comprometiendo solo una mayor fiscalización de la Dirección del trabajo (DT) para evitar el mal uso de este tipo de contratatación, pero bien sabemos que la DT no cuenta con fiscalizadores suficientes para evitar transgresiones.

La flexibilización en el proyecto se ve reflejado en que se podrá trabajar más de 40 horas semanales, es decir, en algunas semanas se podría trabajar más y otras menos mientras se promedie 40 horas en el ciclo de cuatro semanas. Esta distribución del trabajo vislumbra varios problemas, en principio, mantiene la vulneración de la jornada de ocho horas de trabajo, provoca la intensificación del trabajo en las semanas en que se puede trabajar hasta 52 horas, así como la pérdida del pago de las horas extraordinarias tal como están reconocidas hoy en la ley, con un recargo de un 50% más que la hora ordinaria. A cambio, se dispondrá de días de descanso que se sumarán al feriado legal. Pero, también existe otro problema, que transgrede drásticamente el espíritu que inspiró el proyecto de las 40 horas, al permitirse quebrar en dos la jornada para el personal de restaurantes, hoteles y clubes, con un intervalo de hasta cuatro horas, lo que sin duda es una abierta conculcación a los derechos fundamentales de los trabajadores, en especial de aquellos que laboran lejos de sus hogares.

Cómo vemos, este proyecto de ser aprobado será más beneficioso para la clase empresarial que para la clase trabajadora. Nada hay que festejar, sólo tomar lecciones sobre la importancia de leer la letra chica y de la relevancia de mantener la autonomía del movimiento sindical frente a los gobiernos y empresarios.  La dirigencia sindical le debe lealtad a sus representados, no a los gobiernos de turno. Nuestro norte debe estar en cómo mejoramos sus condiciones de vida y trabajo y no en lo que digan los partidos políticos en los que un dirigente sindical, legítimamente puede militar, pero no ser obsecuente, sobre todo si lo que se aprueba va a en contra de nuestros derechos como trabajadores.

Nos queda fortalecernos para revertir este momento histórico. Las y los trabajadores somos el motor de la economía y la sociedad, y apremia que lo antes posible asumamos ese protagonismo.

Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sector Financiero

4 de abril