El 4 de noviembre de 1980 se promulgó el D.L. 3.500. Con ello se ponía fin en nuestro país a un sistema de previsión social que había funcionado relativamente bien durante varias décadas. Como todo sistema previsional requería de ajustes y reformas que lo mejorara, era imprescindible incorporar con mayor profundidad el principio de la unidad y acabar con odiosas discriminaciones entre trabajadores de distintas cajas, como por ejemplo las edades exigibles para jubilarse.
Sin embargo, lo que se hizo fue destruir y acabar con la Seguridad Social y su sustento principal: la solidaridad. Se reemplazó por un sistema de cuentas individuales que funcionaría “capitalizando el ahorro” de cada trabajador, prometiendo tasas de reemplazo desde un 70% hasta un 100%, equivalente a los sueldos que en la vida activa se percibían.
A partir de ese momento, se instalaba el principio del “sálvese quien pueda” o “ráscate por tus propias uñas”.
Han transcurrido 44 años, tiempo suficiente para evaluar los resultados y la efectividad de sus compromisos. No obstante, es preciso señalar que el nivel de las pensiones de un país es también, fiel reflejo del nivel salarial de los y las trabajadoras durante su vida activa
En nuestro país, la mitad de la población percibe ingresos por debajo de los 550 mil pesos, si le agregamos un sistema previsional privado que funciona sobre la capacidad de ahorro individual, es evidente que los resultados son misérrimos y las pensiones en promedio se ubican muy por debajo del salario mínimo.
La precariedad del mundo del trabajo es muy dramática y se expresa en que actualmente, el 89% de los afiliados mantiene en sus cuentas individuales saldos inferiores a 30 millones, con lo cual podrían en el mejor de los casos autofinanciar pensiones de vejez promedio, por debajo de los $150 mil pesos los varones y de $120 mil las mujeres, es decir, un tercio aproximadamente del actual salario mínimo, cuyo monto actual es $500 mil.
Esa es la tasa de reemplazo que garantiza el actual sistema, muy lejos de lo que prometían inicialmente (entre un 70% a 100%). Se compensa este nivel de miseria con el aporte del Estado, que pagamos todos los chilenos a través de la Pensión Garantizada Universal (PGU), sin la cual, literalmente, muchos hombres y mujeres de la tercera edad se estarían muriendo de hambre.
Las perspectivas, en el contexto de una reforma que se discute eternamente, no son auspiciosas, el debate se concentra en mantener los principios fracasados del actual sistema, es decir, la capitalización individual, en vez de avanzar decididamente hacia un sistema que recoja lo fundamental de los sistemas de Seguridad Social, la solidaridad, la universalidad, la suficiencia.
Cualquier propuesta que persista en mantener la lógica de las cuentas individuales, que ha predominado durante 44 años, solo servirá para quienes se han beneficiado de ese gigantesco ahorro que mes a mes, año tras año, los trabajadores engrosan con su contribución salarial y que, paradojalmente les reportarán pensiones miserables
A agosto de este año la mitad de los hombres que se pensionaron lograron autofinanciar una pensión de vejez por un monto inferior a los $155.170 y las mujeres, solo lograron autofinanciar una pensión de vejez por debajo de los $46.815. Dirán que ello, es porque cotizaron pocos años. Entonces, veamos que ocurrió con aquellos hombres y mujeres que cotizaron toda una vida, entre 35 y 40 años, todo un récord. Los hombres autofinanciaron una pensión de vejez de $294.107, o sea, un 58,8% del salario mínimo y, las mujeres que también cotizaron entre 35 y 40 años lograron autofinanciar una pensión de vejez inferior a los $271.077, lo que representa un 54,2% del salario mínimo[1].
La ironía es que las AFP lograron por administrar nuestra cotización obligatoria, que son parte considerable de nuestros salarios, utilidades cercanas a los 500.000 millones de pesos a septiembre de este año, lo que representa un aumento de 35,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Como si fuera poco, durante 20 años las AFP, han arrebatado de nuestros ahorros previsionales 8.1 billón de pesos, lo que se conocen como “comisiones de intermediación” o comisiones fantasmas. Vale decir, les pagamos altas comisiones mensualmente que explican sus jugosas utilidades, nos generan perdidas permanentes y, además, usan nuestros ahorros, para subcontratar a entidades que “hagan la pega” y que tienen vínculos directos con las AFP, o sea, un negocio redondo para unos pocos.
El actual sistema solo favorece a los especuladores. A grandes empresarios, a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, corredoras de bolsa y, quizá a un 5% de los actuales afiliados al sistema, como gerentes de grandes compañías, directores de servicios, congresistas; pero, a los hombres y mujeres honestos que viven de su esfuerzo, de su trabajo, este sistema no les sirve.
En estos momentos el gobierno y la oposición pactan un acuerdo que la opinión pública desconoce, a puertas cerradas, acuerdo que mantendrá intacto el sistema, más aún, será reforzado y consolidado.
Atrás quedaron las promesas de acabar con las AFP y restituir la Seguridad Social para nuestro país. Ha primado la lógica del negocio con los derechos sociales, al igual que en la salud, que hoy atraviesa quizá, la crisis más grande de su historia.
¿Este acuerdo mejorará las pensiones? Quizá un poco. Sin embargo, al estar sujeto a la capitalización individual los mejoramientos serán marginales, solo superarán la línea de la pobreza, lo cual en absoluto se corresponde con un país que espera reconocer a los trabajadores pasivos el aporte efectuado durante su vida activa. El estándar en materia de pensiones que se han propuesto quienes legislan, reproduce la pobreza, en vez de contribuir a salir de ella.
Urge que el Estado garantice este derecho a las personas, aunque lógicamente el actual no lo hará. De allí, en pensar en un nuevo Estado, aunque en la hora presente se vea complejo. Al menos hay que imaginárselo, hay que soñar con ese nuevo Estado garante de derechos sociales indispensables para la vida.
Porque sin sueños la vida no tiene sentido.
[1] Datos de Fundación Sol en base a información entregada por la Superintendencia de Pensiones
Columna Luis Mesina, 12 de noviembre de 2024
