Terminamos el primer semestre del año entregando a las y los trabajadores del sector bancario y financiero nuestro periódico sindical. En él abordamos todos los temas que nos preocupan y algunos donde tenemos serios reparos de cómo los están abordando las autoridades. Para quienes aun no les ha llegado su ejemplar en papel, entregamos a partir de hoy todos los artículos a través de nuestra página web.
Editorial:
Se requieren mayores herramientas para negociar en igualdad de condiciones
Que el trabajo está cambiando no cabe duda. Un factor determinante ha sido y es la fuerte incorporación tecnológica en todos los ámbitos del quehacer laboral. Y aunque esto no es nuevo o al menos no lo es desde la revolución industrial en adelante, lo cierto es que la velocidad con la que se están descubriendo y produciendo nuevas aplicaciones tecnológicas y nuevas formas de organizar el trabajo en función de esas nuevas tecnologías, impacta como nunca en las empresas y por ende en los y las trabajadoras.
En el sistema bancario la tecnología ha producido cambios cuyos efectos han modificado completamente no sólo la organización interna de las instituciones financieras, sino que ha impactado drásticamente en el grueso de los y las trabajadores y, por cierto, en los usuarios del sistema. Cierre de sucursales, despidos masivos, intensificación del trabajo, presiones por consecución de resultados, son las características de esta nueva industria que al incorporar tecnología ha simplificado funciones que se traducen en mayor productividad de los empleados y, por consiguiente, en mejores resultados para la industria.
De ello da cuenta el ejercicio del 2022, la industria bancaria logró utilidades por $5.564.520.000.000.- equivalentes a US$6.390 millones, resultado que por lejos es uno de los mejores alcanzado por la banca desde que la Comisión del Mercado Financiero tiene registros.
Con este nivel de utilidades que al mismo tiempo explican la alta rentabilidad que sobre el capital obtiene la banca y el sistema financiero, pertinente es preguntarse cómo afecta o de qué manera esas tremendas utilidades benefician también al país y a quienes hacen posible esa consecución de resultados.
Chile tiene uno de los peores indicadores en distribución del ingreso. Es causa y efecto de la gran concentración económica existente en el país. Una manera de corregir esa desigual distribución del ingreso es permitiendo a los trabajadores negociar colectivamente en condiciones de simetría con los empleadores. Mientras exista el marco jurídico emanado en 1979 que restringe groseramente el ámbito de acción de los sindicatos y permite al mismo tiempo una impresionante cantidad de organizaciones sin peso específico, será imposible alcanzar una mayor fracción de la torta que generan los y las trabajadoras del sector financiero.
La existencia de mercados oligopólicos como el chileno, son la causa de la excesiva concentración, no solo se requiere de una legislación que detenga la concentración y facilite el surgimiento de nuevos actores para potenciar la competencia, sino que, se precisa dotar al sindicalismo de mayores herramientas para negociar en igualdad de condiciones ante sus empleadores y eso pasa por cambiar la legislación laboral vigente que se mantienen por 44 años.
La restitución del derecho a negociar colectivamente por rama de actividad ayudará a corregir la regresiva distribución del ingreso en nuestro país en beneficio de los trabajadores, de los usuarios y de la sociedad chilena.
Luis Mesina
La crisis política no termina
El domingo 7 de mayo se desarrollaron las elecciones para elegir a los 51 consejeros constitucionales que conformarán el Órgano del Proceso Constitucional.
De los 15.150.572 habilitados para votar, alrededor de un tercio no validó a ningún candidato de los propuestos por los partidos políticos. Los votos nulos alcanzaron el 16,98%, los blancos 4,56%, lo que da un total de 21,54%, si a ello sumamos a quienes no participaron en el proceso (abstenciones) se llega a que más de 5,3 millones de personas -alrededor de un tercio del padrón-, no se sintieron identificados con el proceso.
Para comprender los resultados, es bueno no perder de vista el contexto en el que se da esta elección. Hace tres años (2019) se produce una de las revueltas mas grandes de la historia de Chile. Se cuestionan todas las instituciones del Estado, en particular al poder ejecutivo y legislativo. La movilización social se manifiesta a lo largo y ancho del país de manera intensa exigiendo derechos sociales y Asamblea Constituyente. Se abre un proceso constituyente que, en octubre de 2020, el pueblo con cerca de un 80% se pronunció a favor de una nueva constitución y que ésta la redactaran personas electas por la ciudadanía.
En mayo de 2021 se eligieron los convencionales constituyentes para redactar una nueva constitución. La derecha fue pulverizada y el pueblo mayoritariamente se volcó a elegir independientes y personas del movimiento social ratificando con ello su desprecio a la clase política. Ese mismo año, en diciembre fue electo con una alta votación Gabriel Boric a la presidencia de la República.
En 2022, el 4 de septiembre se sometió a referéndum la nueva constitución y el pueblo con un 62% la rechazó.
En diciembre del mismo año, el Congreso, institución que goza de un descrédito significativo por parte de la población, acordó con la venia de todos los partidos, salvo uno, el Partido Republicano, proponer al país un “Acuerdo por Chile” que da origen a un proceso para aprobar una nueva Constitución.
La propuesta del Congreso validada por el Ejecutivo carece de legitimidad, pues desconoce la voluntad manifestada en octubre de 2020 que con cerca de un 80% expresó inequívocamente que una nueva constitución debe se escrita por personas electas representativas de nuestra sociedad.
El Acuerdo por Chile, es propuesto por las fuerzas políticas y estableció “bases constitucionales”, denominadas bases o bordes que fijan el marco sobre el cual deberán pronunciarse los órganos que el Congreso definió y que estos deberán respetar.
Primero. Consejo Constitucional compuesto por 50 personas, que se elegirán de propuestas efectuadas por los partidos políticos. Los independientes quedan excluidos del proceso. Su labor será aprobar u objetar la propuesta que le haga la Comisión Experta.
Segundo. Crease una Comisión Experta integrada por 24 personas. 12 designados por la Cámara de Diputados y 12 designados por el Senado. Ellos tendrán la misión de redactar la nueva constitución que luego revisarán los miembros del Consejo Constitucional.
Tercero. Crease un “Comité Técnico de Admisibilidad” compuesto por 14 personas designados por el Senado, tendrá la responsabilidad de revisar las normas aprobadas por los otros órganos y determinará la admisibilidad o no de ellas en base a lo establecido en las bases institucionales.
Las bases constitucionales de este acuerdo son doce y fijan el marco sobre el cual deberá pronunciarse tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional. Estos doce puntos, establecen, por ejemplo, que no puede debatirse el carácter del régimen político, seguirá siendo presidencialista. Tampoco el sistema legislativo, continuará siendo bicameral. Respecto de los derechos sociales, reafirma los mismos principios de la constitución del 80, por cuanto se reafirma en el otorgamiento de los derechos fundamentales la participación de privados. En fin, los bordes impuestos a este proceso reafirman el carácter antidemocrático del mismo y más bien parecen una parodia de constituyente.
El Partido Republicano que se reivindica del pinochetismo y que es contrario a modificar la actual Constitución fue quien ganó rotundamente este proceso, logro elegir a 23 de 50 escaños.
Así las cosas, todo hace presagiar que este año, será un año de muchas controversias que seguirán profundizando la crisis de legitimidad que sufren todos los partidos políticos. Mientras tanto las pensiones, la salud, la educación, la vivienda, derechos sociales que fueron la causa del estallido siguen esperando soluciones que no llegan por la ineficiencia del poder constituido.
