Por Luis Mesina
En septiembre de 1948 Gabriel González Videla, quien llevaba poco más de dos años ejerciendo la presidencia del país, promulgaba la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, más conocida como “Ley Maldita”, iniciativa que tenía por objetivo proscribir el ejercicio político del Partido Comunista en el país por ser considerado un peligro para la estabilidad democrática. Una de las víctimas de esta ley fue el poeta Pablo Neruda que hubo de exiliarse por cuatro años fuera del país. Po otro lado, cientos de chilenos y chilenas fueron perseguidos, torturados y asesinados por el régimen de Gabriel González.
Con esa ley, González Videla se hizo de una poderosa herramienta política que pisoteó la democracia y en los hechos convirtió a su gobierno en un régimen bonapartista, dictatorial, al servicio de los poderosos, en especial, al servicio del capital foráneo, representado por las grandes compañías norteamericanas que venían tras los recursos naturales, específicamente tras el cobre.
Han transcurrido 72 años y la historia nuevamente nos coloca frente a nosotros a otro personaje que pretende reeditar el manejo del Estado de forma autoritaria, haciendo caso omiso a la voluntad popular, agravada, porque se empeña en transgredir las normas, los intereses y las demandas de las mayorías.
Sin que la ciudadanía pueda, en el marco de esta profunda crisis económica y sanitaria que vivimos, conocer los verdaderos planes de Piñera, éste sigilosamente prepara su estrategia, similar a la de González Videla. Busca promulgar una ley que modifica el “sistema Nacional de Inteligencia” que ya fue aprobada en el Senado y que se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.
¿Qué persigue? Según la Comisión Chilena de Derechos Humanos esta iniciativa “parece encaminada a adecuar el sistema de inteligencia para detener y neutralizar el estallido social iniciado el 18 de octubre”; “entrega a los comandantes en jefe la totalidad de la fijación de los objetivos del sistema de inteligencia”; “establece que la amenaza contra la seguridad del estado , no solo puede ser externa, sino que provenir de grupos nacionales, abriendo paso a un sistema de inteligencia dirigido a reprimir y neutralizar la protesta social”.
Como se puede apreciar, es la vieja concepción pinochetista del enemigo interno, que permite al gobierno disponer de una herramienta eficaz, pero al mismo tiempo criminal, que puede exterminar a conciudadanos y personas que, por el solo hecho de pensar diferente terminan siendo víctimas de individuos perturbados en la dirección del Estado como ocurre hoy con Piñera.
Y es que Piñera no cree en la Democracia. Su conducta lo delata. Está, o siente que está por encima de todos y todas.
La semana pasada en un acto temerario amenazó con generar una comisión que definiera los criterios para que el congreso evaluara los proyectos admisibles de aquellos que no lo son, inmiscuyéndose gravemente en otro poder del Estado y transgrediendo un principio esencial del Estado de Derecho, cual es, la separación e independencia de los poderes. Vulneró ante los ojos de todo el país, los protocolos impartidos por las autoridades sanitarias al concurrir al funeral de su tío sin guardar las mínimas consideraciones y ofendiendo a miles de chilenos y chilenas que no han podido despedir a sus seres queridos. Luego, concurrió a una vinoteca, con su “guardia pretoriana” a un local cuya venta de productos no es de primera necesidad, en otro acto desafiante a todos quienes estamos confinados por meses en nuestros hogares. Suma y sigue.
Luego, a través de su vocera, volvió a atacar la democracia, transgrediendo la separación de poderes al pronunciarse sobre el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió el recurso de protección ordenando a la AFP Cuprum de reintegrar todo el ahorro previsional a la profesora Ma. Angélica Ojeda, en clara intromisión hacia la Corte Suprema, para que ésta rectifique dicha sentencia en beneficio de las AFP.
Hemos visto cómo en las últimas semanas la crisis de los cuidados se agudiza. Miles de hogares dirigidos mayoritariamente por mujeres ven resentidos sus derechos al no poder continuar con sus trabajos por no contar con salas cunas y jardines infantiles. Pues bien, la ley de extensión del postnatal que mayoritariamente ha sido aprobada el día de ayer en el Congreso, sufre la amenaza del pequeño dictador de ser vetada o llevada al Tribunal Constitucional. Es decir, las mayorías no sirven.
Como si fuera poco, amenaza con vetar el proyecto que libera de pago de los servicios mínimos a millones de chilenos y con ello, nuevamente, resguardar el interés de los más grandes empresarios del país.
Piñera al poner suma urgencia al proyecto de ley de inteligencia, lo que es muy grave dada las facultades intelectuales que ha venido mostrando en las últimas semanas para dirigir el Estado, busca hacerse de una herramienta extremadamente peligrosa que pone en peligro al movimiento social y sus dirigentes que quedarían expuestos a la represión como lo fueron bajo la ley maldita de Gabriel González, es menester entonces detener esta ofensiva, apelar mientras nos encontramos confinados, a los congresistas para que asuman el verdadero rol que les entregó el pueblo, al votar por ellos: defender los intereses de las mayorías y evitar que el régimen político actual, derive hacia un régimen absolutamente antidemocrático como parece ser el interés de Piñera.
