Por Luis Mesina
El fin de semana pasado Piñera efectuó un llamado a un “Gran Acuerdo Nacional”. Recogía el anuncio que formularan días antes José Miguel Insulza y Mario Desbordes. Raudos corrieron a expresar su simpatía con dicho anuncio y su voluntad de avanzar en esa dirección los jerarcas de la ex Nueva Mayoría. Los mandamases de los partidos de la ex concertación tienen experiencias en “acuerdos” fuera de la institucionalidad. Lo hicieron en la década del 80 para lograr una salida pactada con el dictador, que evitara la caída abrupta del régimen, era la época de las grandes protestas que tenían a Pinochet por el suelo. En ese entonces, la Iglesia Católica, con el arzobispo Fresno a la cabeza y muchos políticos -aunque cueste creerlo después de tres décadas son los mismos que siguen en la primera línea defendiendo los pilares del modelo económico y político-, se la jugaron para buscar una salida pactada.
En ese entonces, para desmontar la movilización social, no se dijo que se pactaban cuestiones esenciales que permitieran mantener el modelo político y económico, que muchos años después se sabrían a confesión de uno de los más influyentes hombres de la oposición de la época, Edgardo Boeninger. En efecto, años después se supo que entre las bases de ese acuerdo espurio estaban el mantener y reconocer al dictador como continuador del proceso, lo que implicaba reconocerle como senador de la república, no se revisarían las privatizaciones oscuras, las AFP y las Isapres continuarían y la educación seguiría dominada por el paradigma monetarista. Como se apreciará, se le arrebató al pueblo todo aquello por lo que luchó por años: más justicia social. A cambio se mantuvo el modelo económico y político que perpetuaron el modelo de despojos. Hubieron de transcurrir tres décadas para que la expresión popular diera su sentencia sobre ese acuerdo suscrito entre gallos y medianoche en la década de los 80 y que tanto costo humano significó. El 18 de octubre pasado, el pueblo se cansó de todos esos años de abusos e injusticia y salió con una fuerza inusitada a acabar con todo aquello que representara a la institucionalidad dominante o al modelo de desigualdad instalado y consolidado en estas tres décadas.
La consigna, “no son 30 pesos, sino 30 años”, sintetizaba la profunda separación entre quienes han dirigido los destinos del país, entiéndase políticos profesionales, y el pueblo de Chile. Años de privatización de derechos fundamentales, de violación de derechos laborales, de legislaciones e instituciones descaradamente construidas para beneficio de unos pocos, fueron haciendo que la sociedad acumulara mucha rabia y mucha violencia. La ciudadanía acostumbrada a escuchar por los medios de comunicación, los indicadores económicos que los gobernantes de turno remachaban una y otra vez, tratando de convencernos que éramos los más grandes de la región, jaguares nos dijeron, no podía convencerse de que tal relato representara su propia realidad. Era la consecuencia de años, en que nos introdujeron esa falsa y negativa idea de individualidad, del “ráscate por tus propias uñas”, de existismo, de competencia desenfrenada, que rebotaba una y otra vez en la conciencia de millones, que, por no sentirse raros, no expresaban como debieran la profunda desigualdad que padecían; era preferible comerse esa pobreza, ese abuso, esa desigualdad en la soledad e intimidad del ser, con su familia, solos, no era conveniente expresarlo, era mal visto ser pobre, se nos había repetido hasta el cansancio que serlo, es porque las personas no se esfuerzan, porque son flojos, porque no trabajan lo suficiente. Pero todo tiene su límite, y ese límite llegó el 18 de octubre cuando el pueblo despertó. Dijeron que no lo vieron venir. Claro, quienes han detentado el poder económico y político sin contrapesos, se acostumbran a construir una realidad idílica, ideal, lejana de la que viven las mayorías, se acostumbran a desdeñar la demanda social, ven en toda manifestación humana, en toda protesta social, resentimiento social, ideologías, maquinación del comunismo internacional, etc.
Las declaraciones de guerra de Piñera, del enemigo poderoso son, al fin de cuentas las convicciones reales de aquellos que creen que el país debe estructurarse sobre bases desiguales, aunque estas sean injustas, es estar convencido de que éstas son naturales y por tanto, querer cambiarlas, es atentar contra algo establecido, es desafiar lo que a veces llaman la naturaleza humana.
Y hoy, vuelven a insistir con el mismo mecanismo. Pacto Social, Acuerdo Nacional, nombres que buscan darle a este acuerdo espurio que fraguan entre bambalinas. Lo fraguan aquellos que han perdido toda legitimidad. Un gobierno con menos del 10% de aprobación, partidos políticos que no superan el 4% y congresistas que llegan al 3%. Ellos, que representan muy poco a la sociedad chilena pretenden acordar formas para salirle al paso a la crisis sanitaria y económica que el país comienza a vivir y que en tanto transcurran los días y semanas las cosas podrían agudizarse.
¿Qué persiguen? Lo de siempre, prepararse para desbaratar la movilización social que se avecinará, pues tienen conciencia que ninguna de las demandas que el pueblo levantó en octubre pasado ha sido respondida satisfactoriamente. Por el contrario, en estos seis meses han perfeccionado mediante leyes mecanismos de represión por sobre respuestas sociales acordes a las necesidades de la población. Las demandas más sentidas, pensiones, salud, educación continúan prisioneras bajo la lógica del negocio y lucro, eso se confirma con el gigantesco dineral que las clínicas privadas están recibiendo del Estado en esta crisis sanitaria, de igual forma, a pesar de la crisis social y económica las AFP continúan expandiendo sus negocios en beneficio de empresas inmorales como Cencosud y Ripley.
Hoy, estamos ante un gobierno que se torna incapaz de garantizarnos lo mínimo. El Ministro Mañalich ha reconocido su error en las proyecciones que grandilocuentemente citaba para decirnos que Chile tenía controlada la curva de contagios. Pues bien, ante la evidencia de las cifras, estamos ante una situación crítica que nos obliga a cuidarnos mucho más que antes, este gobierno no es confiable. Debemos hacerlo nosotros. La sociedad civil, los sindicatos de trabajadores, las organizaciones barriales, juntas de vecinos, federaciones estudiantiles, debemos buscar las herramientas para ayudar en la organización territorial, para solidarizar con los más desvalidos, para concurrir en la ayuda de quienes lo necesiten y, por sobre todo, mantener en alto la convicción de que no será posible nuevamente cristalizar un pacto espurio que legitime un modelo que todo un pueblo rechazo.
Es la hora de hacer realidad la consigna que solo el pueblo ayuda al pueblo.
